La información y la memoria como armas. La Agencia de Noticias Clandestinas durante la última dictadura militar en la Argentina

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Emilio Crenzel
CONICET (Argentina)



Entre 1976 y 1977, durante los dos primeros años de la última dictadura militar en la Argentina, la organización político militar Montoneros, de origen peronista, conformó la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA). Esta agencia informativa, creada y dirigida por el periodista, escritor y militante Rodolfo Walsh, tuvo por metas enfrentar la represión y la censura informativa instaladas en el país tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. ANCLA conformó una red de recepción, elaboración y transmisión de información, a partir de fuentes tanto públicas como fruto de la militancia clandestina, que difundió en el país y en el exterior las noticias silenciadas por la dictadura.
En estas páginas se analizará la información que circulaba en los partes informativos de la Agencia con relación a la represión política ejercida por la dictadura y, específicamente, sobre el sistema de desaparición forzada de personas, metodología que la distinguió de las experiencias dictatoriales que atravesó el país desde 1930. La información que la Agencia ponía en circulación sobre este sistema se examinará partiendo del presupuesto de que, debido a su combinación de fases públicas –los secuestros– y clandestinas –el cautiverio y asesinato de la mayoría de los desaparecidos–, la elaboración del conocimiento sobre sus características tuvo un carácter procesual. La importancia de examinar esta experiencia es doble. En términos específicos, ANCLA se convirtió en un vehículo saliente en la constitución de las primeras representaciones de la militancia radicalizada sobre el sistema de desaparición. En términos generales, el análisis del contenido informativo que ofreció sobre el sistema de desaparición permitirá alumbrar los límites y posibilidades del conocimiento, la memoria y la toma de la palabra, como actos de resistencia, en un contexto de terror.



Introducción
El 24 de marzo de 1976 una Junta militar perpetró un golpe de Estado en la Argentina. Los golpes militares no eran nuevos en el país. Por el contrario, tenían una larga e intensa historia desde 1930 cuando el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen fue derrocado. Sin embargo, la dictadura militar de 1976 inauguró una nueva era en el ejercicio de la represión estatal al instituir la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas.

Las desapariciones consistían en la detención o el secuestro de personas, efectuado por personal militar, policial o de las fuerzas de seguridad, uniformados o vestidos de civil. Los secuestrados eran conducidos a lugares ilegales de cautiverio, los Centros Clandestinos de Detención ubicados, en su mayoría, en dependencias militares o policiales, donde eran torturados. En su mayoría los desaparecidos eran asesinados y sus cuerpos enterrados en tumbas anónimas o incinerados. Otros fueron arrojados, aún con vida, desde aviones militares al mar. Sus bienes eran saqueados y sus hijos, nacidos en cautiverio, apropiados. Simultáneamente, el Estado negaba toda responsabilidad sobre estos hechos.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada en 1983, tras la recuperación de la democracia, por el presidente Raúl Alfonsín, para investigar el destino de los desaparecidos, registró 8.960 casos de desaparición, el 90% de ellos ocurridos tras el golpe de Estado de 1976.1 Por su parte, las organizaciones de derechos humanos postulan la existencia de 30 mil desaparecidos, alegando la existencia de casos no denunciados, y en 500 el número de bebés o niños de padres desaparecidos apropiados por las fuerzas represivas.2

Simultáneamente, 10.318 personas revistieron como presos políticos, 1.336 fueron asesinadas y unas 250 mil debieron exiliarse.3 Toda la población fue privada de derechos civiles y políticos y una férrea censura de prensa fue acompañada por la complicidad de los grandes medios, factores que limitaron los canales de información mediante los cuales podían conocerse las características y la magnitud que asumía la represión y tener certezas sobre la identidad de sus responsables.4

Antes del golpe: la denuncia de la represión estatal
En 1937, pocos años después del golpe de Estado de 1930, se conformó, con apoyo de militantes socialistas, radicales, comunistas y liberales, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que denunció la persecución y la práctica de la tortura contra los militantes políticos por parte de los gobiernos militares (Veiga 1985 15-26).

En 1946, la llegada del peronismo al gobierno por medio de las urnas colocó a los trabajadores en el centro de la escena política. Al compás de un proyecto populista, no exento de autoritarismo, el gobierno de Perón impulsó la sustitución de importaciones, amplió el mercado interno y condujo un proceso de movilidad social ascendente y ampliación de los derechos de los trabajadores y las mujeres.

Sin embargo, en 1955 un golpe militar derrocó a Perón y proscribió al peronismo, abriendo un ciclo de inestabilidad política. En paralelo, en el marco de la Guerra Fría y de la victoria de la Revolución Cubana, cuya influencia se reflejó en las ideas de la nueva izquierda marxista y peronista, las Fuerzas Armadas argentinas adoptaron las técnicas contrainsurgentes utilizadas en las guerras coloniales en Argelia e Indochina y la Doctrina de Seguridad Nacional, de origen norteamericano, que incluían la tortura como clave de la inteligencia militar, consideraban que la guerra era total, que el enemigo subversivo podía hallarse en cualquier ámbito de la sociedad y que todo conflicto afectaba la seguridad y podía ser parte de la estrategia subversiva. Como contrapartida, atribuían el monopolio del interés nacional a las Fuerzas Armadas (Duhalde 1983).

En mayo de 1969, en el marco de la radicalización política que recorría, entre otras ciudades, París, Berkeley, Praga y México DF, se produjo en la Argentina el Cordobazo, durante el cual obreros y estudiantes tomaron las calles principales de la ciudad de Córdoba en reclamo de demandas sectoriales y por la restitución de las libertades públicas. Este episodio abrió un ciclo de protesta social que evidenció el surgimiento de un movimiento popular y antidictatorial de masas. Se fortalecieron las corrientes sindicales clasistas y la izquierda insurreccional y surgieron organizaciones guerrilleras, entre ellas el guevarista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y los Montoneros, de origen peronista, decididas a enfrentar la “violencia del sistema” y producir un cambio revolucionario.

En este contexto, las denuncias de la creciente represión estatal adoptaron, predominantemente, este prisma radicalizado. Los abusos de las fuerzas represivas sobre los cuerpos militantes eran descriptos en detalle, con estilo realista, en base a los testimonios de los sobrevivientes, presos políticos liberados o sus familiares. Sus testimonios exponían con crudeza los rasgos brutales que asumía la violencia de Estado y resaltaban la heroicidad de aquellos que la enfrentaban.

La represión era explicada por la prensa marxista o peronista de izquierda, y por las comisiones para la libertad de los presos políticos y para la defensa de los derechos humanos, como un último recurso del sistema capitalista, como una expresión elocuente de su crisis inexorable y definitiva. Sin embargo, pese a este retrato, la represión política era subsumida, de manera indiferenciada, dentro de un conjunto más amplio y con una jerarquía similar, o incluso menor, a otras manifestaciones de opresión o explotación, en especial la violación de los derechos económicos y sociales de las masas. En ese acto, el avasallamiento por razones políticas perdía toda particularidad.

Esta orientación de sentido podía leerse en el prólogo del informe del Foro de Buenos Aires por la vigencia de los derechos humanos, un reporte elaborado para denunciar las violaciones cometidas por la dictadura de la “Revolución Argentina” entre 1966 y 1973 cuando sus autores señalan que “entre el niño que muere por falta material de asistencia o el obrero que perece por carencia de normas de seguridad en el trabajo y el secuestrado o asesinado, como Pujals, los Verd, Monti, Belloni o Jáuregui, que es eliminado oscuramente de la faz de la tierra, no hay más que una diferencia de grado” (Foro 1973 6-22).

Este modo de interpretar la violencia estatal no lograba ser conmovido por hechos que, pese a reconocérseles un carácter excepcional, eran inscriptos en una lectura que los igualaba dentro de un conjunto no jerarquizado o un continuo intercambiable de violaciones. Ese fue el modo, precisa Pittaluga, de rememorar y denunciar la “Masacre de Trelew”, el asesinato de 16 guerrilleros presos en una base aeronaval en el sur argentino represaliados tras la fuga de otro grupo de presos políticos.

La materialidad de la “Masacre de Trelew” fue reconstruida en base a los testimonios de tres guerrilleros que sobrevivieron al fusilamiento. Sus relatos permitieron desmentir la versión oficial que proponía que los presos habían intentado desarmar a la guardia y fugarse y, por ende, sus captores reaccionaron. Tras ello, la memoria de la izquierda conjugó una “doble operación a la vez narrativa y conmemorativa” en la que sobresalían tres relatos: la fuga, los fusilamientos y el homenaje a los héroes asesinados; tres relatos que eclipsaron la pregunta por los “sentidos de la masacre”, porqué Trelew (Pittaluga 2006 87).

Esta política de la memoria y este tipo de alegato de denuncia se anudaban con un componente significativo de la cultura de la militancia radicalizada del período: el culto de la muerte heroica. El uso público de la memoria de los “mártires” y “héroes” muertos por la represión en la guerra, que se entendía en curso, obraba como justificación para el ejercicio de la venganza violenta por parte de las organizaciones revolucionarias, alimentando, con ello, la voluntad de proseguir el combate.5

Estas claves políticas se potenciaron ante la escalada de la violencia paraestatal y estatal que signó a los gobiernos peronistas entre 1973 y 1976. El discurso de denuncia en clave revolucionaria parecía operar con autonomía de los cambios en el contexto político, hasta el punto que el mismo golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 –apoyado por la Iglesia Católica, la administración republicana de los Estados Unidos que impulsaba dictaduras militares para enfrentar la agudización de los conflictos políticos en el Cono Sur, los capitales más concentrados interesados en imponer un nuevo modelo de acumulación, y los sectores medios que reclamaban el fin de la violencia de “cualquier signo” y el control de la inflación–, también fue evaluado favorablemente por las fuerzas guerrilleras que entendían que permitiría resolver, sin mediaciones, la guerra revolucionaria.6

Sin embargo, tras el golpe el cariz de la violencia estatal cambiaría radicalmente. Desde el 24 de marzo de 1976 las desapariciones se volvieron sistemáticas. La muerte abandonó crecientemente su presencia pública y con responsables para asumir un discurrir secreto y la identidad de sus autores fue atravesada por la opacidad. Si bien la mayoría de los secuestros se producían a la luz pública, se desconocía el destino posterior de los secuestrados, y si bien la intervención de uniformados era notoria o se informaba episódicamente sobre la aparición de cadáveres, el carácter orgánico de la responsabilidad estatal quedaba eclipsado por la negación y el silencio oficial. Finalmente, la muerte de los desaparecidos quedaba en suspenso por la ausencia de cuerpos y tumbas, y la negación oficial de toda responsabilidad y datos sobre su destino.

El proyecto de ANCLA
Rodolfo Walsh comenzó a modelar el proyecto de ANCLA tras realizar en 1974 un viaje al Líbano y a Argelia en el cual conoció la experiencia de la agencia de noticias de la Organización para la Liberación de Palestina, creada dos años antes, según indica Lilia Ferreyra en su testimonio en los archivos de Memoria Abierta (2001).7 Más allá de esta experiencia concreta de la cual se nutrió, Vinelli destaca que ANCLA retomaba la tradición del “pasquinismo latinoamericano”, cuyos orígenes pueden rastrearse en las luchas contra la dominación colonial, prolongaba el tipo de organizaciones creadas durante la “resistencia peronista” –grupos pequeños que disponían y usaban recursos escasos– y, finalmente, se enlazaba con otras experiencias latinoamericanas contemporáneas en las cuales diversos actores populares habían constituido medios de comunicación alternativos como forma de enfrentar las versiones oficiales y las de la gran prensa comercial (55).

Efectivamente, Walsh tenía una larga experiencia en el periodismo de investigación políticamente comprometido. Su libro Operación Masacre, publicado en 1957 y reeditado en varias oportunidades entre 1972 y 1974, reconstruyó, a partir del testimonio de uno de los sobrevivientes, los fusilamientos sufridos por militantes peronistas que conspiraban contra la dictadura que derrocó a Perón, y estableció la identidad de sus perpetradores (Fernández Vega 1997 151-169). Producida la Revolución Cubana, Walsh participó de la fundación de la agencia de noticias “Prensa Latina”. De regreso en la Argentina, en el contexto de la dictadura del general Onganía, fundó y dirigió el Semanario de la CGT de los Argentinos, agrupamiento que nucleaba a las corrientes anti burocráticas del movimiento obrero, y luego participó en el diario Noticias, propiedad de Montoneros. Meses antes del golpe de Estado, Walsh impulsó la creación de ANCLA, como parte de la organización montoneros, como un medio de comunicación alternativo para enfrentar la censura y la tergiversación de la realidad impuesta por la represión.

Los cables de ANCLA comenzaron a publicarse en junio de 1976, tres meses después de producido el golpe. Inmediatamente, un mes después, la Agencia ya estaba siendo perseguida por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y, seguramente, por otras dependencias de inteligencia militar.8 La Agencia funcionó hasta septiembre de 1977, período durante el cual, contando con un puñado de periodistas, unas pocas máquinas de escribir y un mimeógrafo, emitió más de 200 cables informativos.9

Las fuentes de información sobre las cuales se basaban sus cables eran variadas. En primer lugar, procedían de una red pequeña de colaboradores, constituida por militantes de la organización que recababan información a partir de su inserción y/o de sus contactos personales en unidades militares, fábricas, universidades, colegios y barrios. Por otro lado, emanaban de la lectura minuciosa de los fragmentos de información y los indicios que ofrecía la prensa comercial y otro material público sobre la represión y la situación política.

Esta búsqueda, según relata Lucila Pagliai, integrante de ANCLA, comprendía además del examen de las noticias de prensa, la lectura atenta de discursos y boletines oficiales, actas de reuniones empresariales, guías de sociedades anónimas y de asociaciones intermedias, hechos judiciales, encuentros educativos y culturales, actividades de sociedad, avisos y hasta notas necrológicas. Por último, la Agencia se nutría de las tareas de inteligencia –la intercepción y escucha de mensajes de las fuerzas represivas y el trabajo criptográfico para descifrar sus códigos–, en las que Walsh estaba especialmente entrenado. Es decir, ANCLA combinaba fuentes de carácter público con otras recabadas por la militancia clandestina de los miembros de la organización (Pagliai 2012 14).

Walsh entendía que la batalla por las ideas era una confrontación substantiva en el campo de la lucha ideológica, política y militar contra la dictadura. Con ese norte, a través de ANCLA pretendía “informar a los que informan”, en palabras de Lucila Pagliai (2012 16). Esto es, nutrir a la prensa nacional e internacional de información real sobre la represión, la situación económica y política del país, y provocar, además, contradicciones al interior de las Fuerzas Armadas (especialmente entre el ejército y la armada) y entre ellas y otros actores del poder para así debilitar su unidad. Más allá de estas metas, ANCLA no puede ser disociada de la perspectiva política general que Walsh sostenía al producirse el golpe de 1976. Desde meses atrás, venía confrontando con la perspectiva triunfalista que, sobre la situación política, sostenía la conducción montonera y su idea de agudizar el enfrentamiento militar con las Fuerzas Armadas.

Discrepando con la conducción de su organización sobre la evaluación de las relaciones de fuerza, Walsh entendía que la etapa que había abierto el golpe no era la del avance popular hacia la toma del poder. Por el contrario, el golpe de Estado era un indicador que evidenciaba la ofensiva de las Fuerzas Armadas. Éstas, a su juicio, demostraban capacidad militar para reprimir duramente al activismo radicalizado y habilidad política para neutralizar o volcar a su favor a la dirigencia política y gremial tradicional. Era necesario, entonces, un repliegue que preservase a la organización de los embates represivos, retomar la experiencia de la “Resistencia peronista” desenvuelta entre 1955 y 1969, dispersar la fuerza propia y crear “grupos reducidos e independientes” que realizaran tareas políticas y militares pero que evitasen realizar represalias indiscriminadas o aplicar la violencia en gran escala.

Con esta misma meta, Walsh conformó a fines de 1976 otra herramienta de denuncia, Cadena Informativa. Consistía en la elaboración de textos breves, los cuales eran enviados a la prensa nacional e internacional y a dirigentes políticos, pero también a personas elegidas al azar cuyas direcciones eran obtenidas de la guía telefónica, difundiendo noticias sobre la represión y proponiéndoles a sus receptores reproducirlas y enviárselas a nuevos destinatarios. De esta forma, Walsh, quien redactaba personalmente estos textos, procuraba crear una cadena de transmisión y de denuncia que requería del compromiso activo de un número creciente de personas para garantizar su reproducción ampliada.

Walsh comprendía este acto como un instrumento de confrontación contra el aislamiento y la incomunicación que, entendía, constituían el marco en el que se instalaba el terror y, nuevamente, imaginaba una forma de resistencia capaz de ser desplegada en ese contexto. Con pocos recursos, una sola persona podía reproducir las octavillas y los mensajes y enviarlos a numerosos destinatarios, para que estos, a su vez, los reenviaran a otros, garantizando así la difusión del mensaje alternativo.

Lilia Ferreyra, su última mujer, recuerda que la Agencia y Cadena “no eran medios de los que informaban del éxito de tal operación, sino que servían para parar la ofensiva militar con respuestas políticas” (Memoria Abierta 2001). Puede afirmarse, entonces, que ANCLA expresaba no sólo la adecuación de los medios a través de los cuales se confrontaba con el terror dictatorial en el campo del periodismo, la actividad de propaganda y de inteligencia. Resumía, simultáneamente, una discusión abierta al interior de una organización político-militar sobre el contexto y la correlación de fuerzas en la sociedad argentina tras el golpe de Estado de 1976 y las tácticas más apropiadas en virtud de ese nuevo contexto político.

La información de ANCLA sobre los desaparecidos
La recopilación más exhaustiva, publicada hasta ahora, de los cables de ANCLA, reúne 72 cables emitidos por la Agencia entre agosto de 1976 y septiembre de 1977.10

Entre los cables preservados, la gran mayoría informa sobre las diversas modalidades que asumía el ejercicio de la violencia estatal tras el golpe del 24 de marzo de 1976. De hecho, sólo nueve tratan sobre otros tópicos: las confrontaciones al interior de la Junta militar entre el ejército y la armada; la pujas con Brasil; los efectos adversos para los sectores populares del plan económico de la dictadura militar y ciertas manifestaciones de resistencia obrera. Una peculiaridad adicional que distingue a este grupo minoritario de cables es que el primero de ellos data recién de finales de 1976 lo cual indica su jerarquía menor dentro del conjunto de la información que brindaba la Agencia.11

¿Qué información presentan, entonces, la mayoría de las notas de ANCLA?

Un primer grupo informa sobre asesinatos cometidos contra figuras públicas, presos políticos reconocidos, trabajadores y exiliados políticos de países vecinos refugiados en la Argentina. Así, un cable desmiente la información oficial sobre la muerte accidental del Obispo Angelelli, informando que se trató de un asesinato cuya responsabilidad adjudica a las fuerzas represivas; otro grupo denuncia la aplicación de la “Ley de fugas” a presos políticos recluidos legalmente, uno denuncia la complicidad empresaria con la represión y otro informa del asesinato de los políticos uruguayos Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz y del general y ex presidente de Bolivia Juan José Torres y postula, a partir de ello, la existencia de una alianza entre los militares del Cono Sur para coordinar la represión en la región.12 Por último, un par de cables postulan la existencia de malestar social y sentimientos de repudio de sectores medios y de habitantes de barrios populares ante las prácticas represivas.13

Un segundo grupo se aboca de lleno a denunciar la implementación de una nueva metodología de represión estatal. En función de ello, presenta las divergencias al interior de las Fuerzas Armadas y de seguridad sobre las premisas que debían guiar la “guerra antisubversiva”. Esto es, las pujas entre el sector “legalista”, que proponía ajustarse a las normas represivas existentes, y el partidario de la metodología del “secuestro, la tortura y el asesinato”. Los cables enfatizan el triunfo de la concepción clandestina y subrayan como indicadores los pases a retiro, los atentados sufridos por partidarios de la corriente “legalista” y la comisión de acciones sangrientas y de fuerte impacto público como parte de la pulseada entre las diferentes corrientes de las fuerzas represivas.14

Más allá de presentar estos conflictos al interior de las fuerzas represivas, los cables de ANCLA, a diferencia de ciertos partidos y organizaciones humanitarias que adjudicaban los secuestros y asesinatos a “bandas paramilitares”, responsabilizan exclusivamente de estos hechos a las fuerzas represivas del Estado (Veiga 1985 24-25, 113-115). De hecho, denuncian que el presidente Videla “ha hecho oídos sordos a los reclamos para garantizar la vida o la libertad de ciudadanos desaparecidos o ubicados extraoficialmente en guarniciones militares” y retratan a los generales Menéndez y Vilas como “consecuentes ejecutores de la metodología de secuestro, tortura y el asesinato de sus prisioneros” en las ciudades de Córdoba y Bahía Blanca (Bufano y Lotersztain 2012 163; 69-70).15

En función de este marco, diversas notas denuncian la magnitud y la naturaleza cotidiana que han asumido los secuestros y, con ello, postulan su carácter de práctica sistemática. Simultáneamente, destacan la negación oficial de toda información sobre las personas secuestradas y se preocupan de remarcar la participación en estos hechos, así como en el saqueo de los bienes de las viviendas allanadas, de fuerzas policiales y militares.16

Los secuestrados son presentados, predominantemente, como militantes políticos. Sin embargo, también son descriptos de manera heterogénea. En un mismo cable, algunos son identificados como militantes de la juventud peronista, otros como guerrilleros, y un último grupo como personas ajenas a todo compromiso político (Bufano y Lotersztain 2012 51-53).17

En estos cables los testimonios de los familiares, los vecinos y los compañeros de trabajo de los secuestrados reconstruyen la materialidad de los hechos. Sus voces enarbolan en sus relatos los datos identitarios básicos de los reclamados, ponderan sus valores morales y su “inocencia” al insistir en que los secuestrados eran ajenos a toda actividad política. “Estoy segura que no ha cometido delito o falta alguna”, afirma la madre de Mario Rufino Torres; un grupo de obreros de la fábrica Terrabussi, de la provincia de Buenos Aires, reclama por nota al subjefe del área Tigre la libertad de su compañero Juan Esteban Ferreyra, al tiempo que se preocupa en destacar su “rectitud de comportamiento”, mientras un grupo de vecinos denuncia secuestros y amedrentamientos indiscriminados. Estos testimonios se complementan con el de un liberado que narra la tortura sufrida y recalca que no fue interrogado ni siquiera sobre su nombre (Bufano y Lotersztain 2012 39-40; 92-97).18

Varios de estos testimonios habían sido presentados ante distintas audiencias internacionales. De hecho, uno de los cables menciona que formaron parte de una carpeta con denuncias entregada por la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) al Senado de los Estados Unidos, lo cual pone en evidencia la circulación creciente de esta “narrativa humanitaria”, modelada al calor de la influencia de las redes trasnacionales de derechos humanos, para denunciar la represión de las dictaduras del Cono Sur latinoamericano (Bufano y Lotersztain 2012 124-139).19

De este modo, la inclusión de los testimonios de los familiares reconstruye, con estilo realista, la materialidad de los secuestros, e identifica a las fuerzas represivas del Estado como sus autoras. Los familiares, en su condición de testigos en primera persona de los hechos, le otorgan al relato una fuerte intensidad emotiva y lo dotan de contundencia y verosimilitud. Otro tanto ocurre con la voz de la Agencia, que hila la narración. De impronta periodística, la escritura de los cables guarda un estilo sobrio y un lenguaje preciso que refuerza el sentido de verosimilitud de los hechos denunciados.

Si bien en una importante proporción se presenta la identidad política de los secuestrados o, en ciertos casos, la militancia guerrillera de los asesinados, los cables no asumen, en ningún momento, un tono épico, un registro heroico, ni substituyen la noticia por la interpretación. Este afán por evitar cualquier factor que afecte la verosimilitud de la información se complementa con la inclusión de cifras y estadísticas para ilustrar con precisión la magnitud de la represión o afirmar ciertas denuncias. Así, se ofrecen números de secuestrados, de presos reconocidos, desaparecidos, muertos, de cadáveres hallados o porcentajes de desaparecidos liberados, datos que, simultáneamente, evidencian el carácter sistemático y la magnitud de estas prácticas. Este estilo recorre el conjunto de los cables de ANCLA.

Por otro lado, otro conjunto de cables informa de la existencia de detenidos no reconocidos por el Estado, que son privados de su libertad y sufren terribles tormentos en “Centros de Detención” ubicados en unidades militares, barcos y cárceles. Específicamente, los cables identifican con esa condición a la Escuela de Mecánica de la Armada en la Capital Federal, a la guarnición de Campo de Mayo en la provincia de Buenos Aires, a las dependencias policiales y militares de “La Ribera” y “La Perla” en la provincia de Córdoba y al Quinto Cuerpo de Ejército en la ciudad de Bahía Blanca. De estos lugares, se precisa, se sale “únicamente para ser fusilado” (Bufano y Lotersztain 2012, 39-40; 97-102).20

La creación de lugares ilegales de reclusión por parte de los futuros golpistas era presumida por las organizaciones guerrilleras, pero éstas distaban de conocer su verdadera naturaleza. Según Roberto Perdía, miembro de la conducción montonera, la organización contaba antes del 24 de marzo con información sobre las modalidades represivas que asumiría el golpe, pero imaginaban que los “lugares especiales de detención”, a los que se referían los documentos golpistas a los que habían accedido, serían “cárceles de máxima seguridad que estarían ubicadas dentro de los cuarteles” (Red de Archivos Orales).

Lamentablemente, la compilación más completa de los cables de ANCLA no incluye cables producidos por la Agencia entre junio y agosto de 1976, sus dos primeros meses de existencia. Sin embargo, puede afirmarse que la constitución del conocimiento sobre el sistema de desaparición no fue lineal y que se fue modelando en un proceso de toma de conciencia sobre la naturaleza de las acciones represivas.

Los marcos epistémicos con los cuales la militancia radicalizada avizoraba la represión estatal se habían constituido a partir de las anteriores experiencias represivas. Esta memoria de la represión operaba como obstáculo para imaginar que la decisión dictatorial suponía el ejercicio de una política estatal de exterminio. Carlos Aznárez, miembro de ANCLA, recuerda la incredulidad que les suscitaron a muchos integrantes de la Agencia los primeros rumores que recibieron sobre “lo que sucedía en la ESMA o en otros campos de concentración. Estábamos pensando que tal compañero estaba muerto, su sangre estaba ahí, pero después alguien nos decía que estaba secuestrado... fue un golpe muy fuerte” (Vinelli 2002 52-53).

Al parecer, hacia julio de 1976 Montoneros tomó conocimiento de que la Escuela de Mecánica de la Armada funcionaba como un lugar de cautiverio. De hecho, en agosto de 1976, según Perdía, imprimieron una oblea con la leyenda: “Los muertos que aparecen en la costa de Uruguay salen de la ESMA” a raíz de la publicación, un mes antes, de noticias en la prensa comercial sobre la aparición en esas playas de cadáveres con evidentes signos de torturas (Red de Archivos Orales).

Precisamente en agosto de 1976, dentro de los cables disponibles, se encuentra el primero en el que ANCLA menciona a la ESMA y a la prisión de encausados de Campo de Mayo como “centros de detención”. El cable enfoca un tema más general. Ofrece razones sobre la renuencia del gobierno militar a publicar listas sistematizadas de detenidos que, puntualiza, obran en su poder y que detallan las circunstancias, lugares, fechas y fuerza represiva que actuó en cada detención. En el mismo cable se precisa que la prisión de Campo de Mayo también oficia de centro de detención (Bufano y Lotersztain 2012 33-34).21

ANCLA contaba con un informante clave sobre lo que sucedía en la ESMA. Allí realizaba el servicio militar obligatorio Sergio Tarnopolsky, estudiante de Psicología y militante montonero, quien a partir de ser designado ayudante del entonces Capitán de Fragata Jorge Eduardo Acosta, comandante del Grupo de Tareas 3.3.2, que operaba en esa unidad militar, envió a la Agencia datos sobre el funcionamiento de la ESMA como centro de detención ilegal.22

Casi simultáneamente a la primera mención de la ESMA, los cables de ANCLA informan de la condición de “campos de concentración y tortura” de “La Ribera” y “La Perla” en Córdoba (Bufano y Lotersztain 39-40).23 Tanto en el caso de Campo de Mayo, como de “La Rivera” y “La Perla”, la fuente de la información proviene de testimonios brindados por detenidos liberados por sus captores y otros que lograron fugarse (39-40; 95-97; 124-139).24 En cambio, las primeras referencias a otros “campos de concentración”, como el “Quinto Cuerpo de Ejército”, tienen un carácter más tardío, ya que las primeras menciones se encuentran en un cable enviado en el primer aniversario del golpe (124-139; 164).25 En otros casos, la información sobre la localización de los “campos de concentración” es difusa. Atribuyendo la información a un grupo de católicos laicos de Mar del Plata, un cable propone que un grupo de “presos políticos” estaría alojado en una estancia de la provincia de Buenos Aires propiedad de un ganadero y automovilista, y recuerda que el uso de grandes haciendas para el alojamiento de presos políticos fue denunciado en Chile en 1976 (202-204).26

Los cables no presentan descripciones edilicias de los lugares de detención ilegal pero de su lectura se desprende su naturaleza. Son retratados como los lugares donde están detenidos, por períodos más o menos breves, “presos políticos” no reconocidos, previamente secuestrados por las fuerzas de seguridad. Como informa un cable reproduciendo un testimonio de un detenido, “La Perla es un lugar donde están varias personas que ustedes consideran desaparecidas” (49-51).27 Son, a la vez, presentados también como lugares de reclusión previos al asesinato de los detenidos. En el primer cable en que se menciona por primera vez a la prisión de Campo de Mayo, se afirma que allí están alojados 38 detenidos pero que el comando general del ejército tiene registrado el ingreso de 206. En esa nota, que registra también la primera mención a la ESMA, se puntualiza que allí se encuentran alojadas unas 45 personas, pero que obran registros de que estuvieron detenidas 160. “Ninguno de los restantes ha sido enviado a otra dependencia carcelaria, por lo que se cree han sido eliminados y tirados en el Río de la Plata”, afirmación que evidencia, además, la temprana identificación de las aguas de este río como destino final de los desaparecidos (33-34).28

Otro grupo de cables denuncia el asesinato de los desaparecidos y desmiente las versiones oficiales sobre las circunstancias de su muerte. Destacan que en algunos casos las personas que según el alto mando militar habían muerto en combate, en realidad estaban en condición de detenidos no reconocidos y fueron asesinados en “enfrentamientos inexistentes”. En dos cables se menciona el asesinato de hijos de guerrilleros juntos con sus padres y el secuestro de un niño, hijo de refugiados y, por último, en otro conjunto de cables, la voz de la Agencia o la cita del testimonio de testigos casuales refieren al hallazgo de cadáveres en ríos, lagos y parajes despoblados.29

Finalmente, otros cables incorporan testimonios anónimos, pero cuya legitimidad se basa en provenir de integrantes de los círculos de poder, para afirmar el asesinato de los desaparecidos. Así, en uno se incluye la afirmación de un “funcionario judicial” que le habría expresado a la Agencia que: “De la totalidad de los desaparecidos, sólo de una ínfima minoría, calculada en el 1%, puede averiguarse su paradero. Al resto hay que darlos por muertos”. Otro cable se hace eco de “un alto miembro de la jerarquía eclesiástica local”, quien afirma que “los miles de secuestrados nunca reconocidos oficialmente continúan siendo fusilados diariamente en ‘enfrentamientos’ inexistentes”. En otro, un “alto prelado… estima en alrededor de 40 muertos y 120 desaparecidos” las víctimas de la represión al interior de la Iglesia.30

En la mayoría de estos cables no se incluyen referencias a la identidad política de los asesinados, y en los que se menciona su pertenencia guerrillera siempre es para denunciar el carácter fraguado de los enfrentamientos en los cuales estas personas fueron asesinadas. Los cables evitan, en todo momento, el relato de combate (112-113).31

 Pese a que la Agencia presenta al exterminio como el destino final de los desaparecidos, tanto al denunciar los sitios donde están alojados los detenidos no reconocidos como al desmentir los “enfrentamientos inexistentes”, en algunos cables la figura de los detenidos presenta un perfil diferente y emergen otras ideas sobre su suerte. Son aquellas notas en las que se retrata a los detenidos no reconocidos alojados en unidades militares, cárceles y barcos como “rehenes”. Cuatrocientos de ellos, se afirma en un cable, “ingresaron en los campos de concentración” en una semana (102). Esta condición transmite la idea de que el cautiverio de los detenidos no reconocidos podría prolongarse, a la espera de un intercambio entre sus captores y las organizaciones de las que formaban parte, o para ser asesinados en represalia de acciones guerrilleras.32 Tampoco la certeza sobre el asesinato mayoritario de los desaparecidos que transmiten la mayoría de los cables logra disipar las expectativas de que estuviesen con vida. Un cable del 8 de septiembre de 1977 es especialmente elocuente. Titula: “Rodolfo Walsh estaría con vida en el Cuerpo I”, casi seis meses después de su secuestro por miembros de la armada, aunque en el párrafo final se menciona su muerte en la ESMA.

Esta ambivalencia podría interpretarse de diversos modos. En primer lugar, como fruto de la idea, presente en algunos cables, de que los desaparecidos estaban en condición de rehenes de los militares, y que tratándose de una figura como Walsh ese podría haber sido su destino. En segundo lugar, como un intento de azuzar la interna castrense derivando responsabilidades de la armada en el ejército. En tercer lugar, podría ser resultado de un efecto de incredulidad, producido por la distancia que media entre el conocimiento y el reconocimiento de hechos de violencia extrema. Por último, podría entenderse como un producto de las incertezas propias que generaba la desaparición sobre el destino de la víctima entre sus allegados. Lo cierto es que Lilia Ferreyra recuerda que a fines de 1977 recibió un aviso de Lila Pastoriza, integrante de ANCLA y ya entonces cautiva en la ESMA, avisándole que Walsh había sido asesinado por la armada el día en que fue secuestrado.

Finalmente, los cables que emite la Agencia en el primer aniversario del golpe de Estado vinculan los secuestros, torturas y desapariciones con la imposición de un plan económico antipopular y la puesta en marcha de una reestructuración profundamente regresiva de la Argentina (Bufano y Lotersztain 140-165).33 De este modo, por un lado, la Agencia, como señala Basile, incorporaba una dimensión ausente en las denuncias de las violencias de Estado que, contemporáneamente, impulsaba el movimiento de derechos humanos, las cuales estaban despojadas de contextualizaciones políticas (57-58). Por otra parte, su lectura de la situación contrastaba con la evaluación triunfalista que, también en el primer aniversario del golpe, realizaba Mario Firmenich, miembro de la conducción montonera, entrevistado por Gabriel García Márquez (2000).

Conclusiones
ANCLA constituyó una apuesta política y periodística creativa y singular que desafió la censura de prensa de la dictadura y la complicidad de los grandes medios de comunicación con el ocultamiento de sus crímenes. Pocos meses después del golpe de Estado, los cables de ANCLA informaron sobre la metodología del “secuestro, la tortura y el asesinato” implementada por los golpistas.34 A diferencia de otros denunciantes de las violaciones, la Agencia estableció la responsabilidad exclusiva del Estado en el secuestro y la reclusión de los detenidos no reconocidos en “centros de detención”, de varios de los cuales precisó sus nombres y ubicaciones en unidades militares, denunció el asesinato de los detenidos no reconocidos, incluso informando sobre los modos en que se eliminaban sus cuerpos, desmintió las versiones oficiales sobre inexistentes “enfrentamientos” e “intentos de fuga” y postuló la existencia de una coordinación represiva entre las dictaduras de la región. A través de la combinación de fuentes públicas y clandestinas, obtenidas por la militancia, los cables recompusieron las facetas de un sistema que, precisamente, combinaba la visibilidad de los secuestros con el ocultamiento del encierro de los detenidos no reconocidos, su tortura y asesinato. Mediante la inclusión de cifras, la reiteración de información sobre los secuestros, asesinatos y el hallazgo de cadáveres, los cables de la Agencia fueron construyendo la noción de que en el país se implementaba una política sistemática de eliminación física de miles de personas.

ANCLA se esforzó por poner en primer plano el carácter original y excepcional que asumía la política represiva del Estado mediante la implementación sistemática y a gran escala de la eliminación de los detenidos no reconocidos. Este esfuerzo por resaltar esa novedad, ese hecho excepcional, suponía la ruptura con la cultura radicalizada previa al golpe, en la cual las violaciones se asemejaban unas a otras, mediante su agrupamiento en un conjunto de abusos indiferenciados o su enlazamiento en un continuo que, en definitiva, producía el mismo efecto. Poner en evidencia la novedad de lo excepcional supuso un triple desafío que resalta aún más el papel de ANCLA como instrumento de resistencia: echar por tierra las dudas y las ilusiones que persistían, aún entre las víctimas, de que el Estado estaba al margen de la comisión de los secuestros, detenciones no reconocidas y eliminación; retar la indiferencia y el silencio de quienes ya no podrían aducir no saber; y, por último, hacer frente a la evaluación triunfalista que, a un año del golpe, todavía hacía la guerrilla.

De este modo, ANCLA produjo un conocimiento original sobre aspectos ignorados, negados o no reconocidos por la opinión pública pero, también, por buena parte de quienes, contemporáneamente, denunciaban estos crímenes. Las ambigüedades en sus cables, en cualquier caso, deben ser comprendidas como fruto del estadio de elaboración de conocimiento sobre las desapariciones sistemáticas. De todos modos sus cables fueron capaces de constituir una representación bastante consistente del sistema de desaparición forzada, pero esta composición sólo se convertiría en sentido común en la Argentina, siete años después, con la publicación, en democracia, del informe Nunca Más.

Obras Citadas
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Notas
1 Véase CONADEP, 1984. Sobre la investigación de la CONADEP, véase Crenzel, 2008.

2 Hasta 2010 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tenía contabilizados 7.140 casos de desaparición ya que la lista elaborada por la CONADEP fue depurada de dobles registros, inscripciones erróneas, etc. Como sostiene Brisk, la medición de la cifra de desaparecidos está condicionada por la propia naturaleza clandestina del crimen, la negativa de los perpetradores a dar a conocer los registros obrantes en su poder, el rol que ciertos actores juegan enarbolando sus propias cifras en la esfera pública y los contextos políticos que enmarcan las disputas por este dato. Brisk, 1994: 676-692.

3 Véase “Veinticinco años del informe de la CONADEP” artículo de Ramón Torres Molina, 15 de septiembre de 2009 disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-131783-2009-09-15.html. Para la cifra de exiliados, véase Bertoncello y Lattes, 1987.

4 Sobre la información en la prensa gráfica sobre la represión, véase Schindel, 2012.

5 Sobre el sentido heroico de la muerte entre los montoneros, véase Gillespie, 1987: 86,149, 151, 187 y 299. Sobre la memoria de los caídos y su lazo con la venganza violenta entre los Montoneros, véase Gillespie, 1987: 119-125, 205-209, 227-234, 237-238, 248 y 301. Sobre la relación entre venganza y violencia política en el período, véase Sarlo, 2003: 117-200.

6 Para la evaluación del golpe por la conducción montonera, véase Gillespie, 1987: 283-290. Para la evaluación de los militantes, véase Donatello, 2001: 17-25

7 Para un análisis en profundidad de ANCLA, véase Vinelli, 2002.

8 Véase el legajo “Agencia Noticiosa Clandestina A.N.C.L.A”. del 16 de julio de 1976, obrante en la “Mesa Delincuentes Subversivos”, de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Véase “Los papeles policiales sobre Walsh”, nota de Josefina López Mackenzie, 25 de marzo de 2013, disponible en http://www.otroscirculos.com.ar/walsh-con-la-inteligencia-policial-en-la-nuca

9 Los principales militantes periodistas que participaron de ANCLA fueron Lila Pastoriza (luego secuestrada y mantenida cautiva en la Escuela de Mecánica de la Armada); Lucila Pagliai, que partió al exilio en 1977; Lilia Ferreira (esposa de Walsh, exiliada en 1978); Carlos Aznárez y Eduardo Suárez, secuestrados-desaparecidos en agosto de 1976. Para la recopilación de los cables de ANCLA, véase Verbitsky, 1985 y Bufano y Lotersztain, 2012.

10 Véase Bufano y Lotersztain, 2012. En este trabajo las citas de los cables de ANCLA corresponden a esta compilación.

11 Para los cables sobre las pujas al interior de las Fuerzas Armadas, véase “La crisis en la cúpula militar”, 20 de diciembre de 1976, 107-108; “El cuarto hombre recién en 1979”, 16 de agosto de 1977, 191-194 y “¿Qué está pasando en la Junta militar?”, 4 de septiembre de 1977, 195-198. Para los cables sobre las pujas con Brasil, véase “Brasil desplaza a la Argentina en la fabricación de aviones”, 8 de febrero de 1977, 119-120 y “Los militares y la relación con Brasil”, 6 de septiembre de 1977, 200-201. Para los cables vinculados a la situación social, véase “Largas colas para obtener pan gratis”, 10 de abril de 1977, 170-171 y “El humor popular”, 5 de septiembre de 1977, 198-199. Para los cables sobre la lucha obrera, véase “Sabotaje en la destilería de La Plata”, 14 de abril de 1977, 175-176, en Bufano y Lotersztain, 2012.

12 “Habría sido asesinado Monseñor Angelelli”, 30 de agosto de 1976, 46-48; “Torturas y asesinatos de los presos políticos en Córdoba”, 1 de septiembre de 1976, 49-51, “A un año del golpe militar en la Argentina (especial)”, 15 de marzo de 1977, 143, “Custodios de ACINDAR matan a un sindicalista”, 11 de agosto de 1977, 181-183 y “Crítica situación de extranjeros en la Argentina”, 20 de septiembre de 1976, 61-65, en Bufano y Lotersztain, 2012.

13 “Causan malestar procedimientos antisubversivos”, 7 de octubre de 1976, 74-76, “Terror en Bahía Blanca”, 19 de septiembre de 1976, 58-61 y “Nueva denuncia sobre el accionar represivo”, 2 de noviembre de 1976, 92-95, en Bufano y Lotersztain, 2012.

14 Véase “Allanan la vivienda del General Corbetta”, 24 de Agosto de 1976, 34-36 y “Divergencias en las Fuerzas Armadas Argentinas”, 4 de enero de 1977, 111-112, en Bufano y Lotersztain, 2012.

15 “A un año del golpe militar en la Argentina (especial)”, 15 de marzo de 1977, 163 y “Dan por muertos a militantes secuestrados”, 25 de septiembre de 1976, 69-70, en Bufano y Lotersztain, 2012.

16 Véase, como ejemplos, “Obrero cordobés denuncia el secuestro de su hijo”, 28 de septiembre de 1976, 71-72; “Se conocen los nombres de nuevas personas secuestradas”, 8 de febrero de 1977, 121-122 y “Denuncian robos en casas allanadas”, 22 de septiembre de 1976, 65-67, en Bufano y Lotersztain, 2012.

17 “Múltiples secuestros en Argentina”, 17 de septiembre de 1976, 51-53, en Bufano y Lotersztain, 2012.

18 “Denuncian como Centros de Detención a guarniciones militares”, 27 de agosto de 1976, 39 y 40, “Nueva denuncia sobre el accionar represivo”, 2 de noviembre, 92-95 y “Represión en barrios del Gran Buenos Aires”, 4 de noviembre, 95-97, en Bufano y Lotersztain, 2012. Sobre el universo hermenéutico de los familiares de desaparecidos y su traducción en sus denuncias, véase Filc, 1997.

19 “Nuevo testimonio sobre torturas en Argentina”, 9 de marzo de 1977, 124-139. Sobre la influencia de las redes trasnacionales en las denuncias de las violaciones a los derechos humanos, véase Keck y Sikkink, 1998 y Markarian, 2005. Sobre la configuración histórica de la narrativa humanitaria, véase Laqueur, 1989: 176-204.

20 “Denuncian como Centros de Detención a guarniciones militares”, 27 de agosto de 1976, 39 y 40 y “Amnesty International: Una batalla por los derechos humanos”, 23 de noviembre de 1976, 97-102, en Bufano y Lotersztain, 2012.

21 “El gobierno militar y los presos políticos”, 20 de agosto de 1976, 33 y 34, en Bufano y Lotersztain, 2012.

22 Descubierto al poco tiempo por la armada, Tarnopolsky fue asesinado. Otros militantes y miembros de ANCLA corrieron igual suerte, fueron secuestrados y permanecen desaparecidos: Eduardo Suárez, Carlos Bayón, Norma Bastsche Valdés, Miguel Coronato Paz, Mario Galli, Luis Alberto Vilellia, Adolfo Infante Allende y Luis Guagnini.

23 “Denuncian como Centros de Detención a guarniciones militares”, 27 de agosto de 1976, 39 y 40.

24 Véase “Denuncian como Centros de Detención a guarniciones militares”, 27 de agosto de 1976, 39 y 40, “Represión en barrios del Gran Buenos Aires”, 4 de noviembre de 1976, 95-97 y “Nuevo testimonio sobre torturas en Argentina”, 9 de marzo de 1977, 124-139, en Bufano y Lotersztain, 2012.

25 Véase “Nuevo testimonio sobre torturas en Argentina”, 9 de marzo de 1977, 124-139 y “A un año del golpe militar en la Argentina (especial)”, 15 de marzo de 1977, 164, en Bufano y Lotersztain, 2012.

26 “Campo de concentración en una estancia”, 7 de septiembre de 1977, 202-204, en Bufano y Lotersztain, 2012.

27 “Torturas y asesinatos de los presos políticos en Córdoba”, 1 de septiembre de 1976, 49-51, en Bufano y Lotersztain, 2012.

28 “El gobierno militar y los presos políticos”, 20 de agosto de 1976, 33 y 34, en Bufano y Lotersztain, 2012.

29 “Múltiples secuestros en Argentina”, 17 de septiembre de 1976, 51-53, “La liberación de presos políticos en Argentina”, 3 de enero de 1977, 110-111, “Crítica situación de extranjeros en la Argentina”, 20 de septiembre de 1976, 61-65, “Denuncian la matanza de hijos de guerrilleros”, 24 de septiembre de 1976, 67-69 y “Encuentran cadáveres en un lago en la provincia de Córdoba”, 20 de octubre de 1976, 78-79, en Bufano y Lotersztain, 2012.

30 “Múltiples secuestros en Argentina”, 17 de septiembre de 1976, 53, “La “liberación de presos políticos en Argentina”, 3 de enero de 1977, 110, “Habría sido asesinado Monseñor Angelelli”, 30 de agosto de 1976, 47. Este recurso se reproduce al referir a una “estadística elaborada en medios judiciales” para brindar un cálculo del número diario de secuestros y a “fuentes allegadas al servicio penitenciario” para confirmar el asesinato, fruto de una golpiza a presos políticos, del abogado radical Mario Amaya. Véase “Una golpiza causó la muerte del ex diputado Amaya”, 21 de octubre de 1976, 79-81, en Bufano y Lotersztain, 2012.

31 “Clamor mundial contra el fusilamiento de detenidos en Argentina”, 6 de enero, 112-113, en Bufano y Lotersztain, 2012.

32 “Amnesty International: Una batalla por los derechos humanos”, 23 de noviembre, 102, en Bufano y Lotersztain, 2012.

33 “Servicio especial: a un año del golpe militar en la Argentina (especial)”, 15 al 19 de marzo de 1977, 140-158 y “A un año del golpe militar en la Argentina (especial)”, 15 de marzo de 1977, 158-165, en Bufano y Lotersztain, 2012.

34 Véase “Allanan la vivienda del General Corbetta”, 24 de Agosto de 1976, 34-36 y “Divergencias en las Fuerzas Armadas Argentinas”, 4 de enero de 1977 EN Bufano y Lotersztain (2012 111-112).