Un memorial sin memoria: exclusión y autoritarismo en el México actual

Carolina Robledo Silvestre
Universidad Autónoma de Baja California, México


En este artículo se propone un debate en torno al Memorial a las Víctimas de la Violencia construido por el Gobierno federal mexicano para atender la demanda de los colectivos de víctimas, a partir de un análisis de los factores que han intervenido en la disputa por los marcos de reconocimiento que este impone. Para dicho análisis se tomarán en cuenta las prácticas y discursos del gobierno y de las víctimas en torno al tema de la memoria, así como las acciones de resistencia que han emergido en los últimos años por parte de los ciudadanos en el proceso de recordar.*
Palabras clave: memoria, duelo, víctimas, guerra contra las drogas, México.


La Historia con mayúscula es un hueco negro,
con minúsculas, un ring de boxeo
donde los contendientes juegan ajedrez a batazos.
Eliseo Alberto (2010)

 

Introducción

En los últimos ocho años se han encontrado en México 4.000 cuerpos en 400 fosas comunes (Castillo García 2014). Aunque la publicación de cifras oficiales sobre asesinatos relacionados con el crimen organizado fue congelada en 2011, grupos de activistas indican que desde 2006, 40.000 personas han muerto y por lo menos 23.000 han desaparecido debido a la violencia relacionada con el crimen organizado.1

Estas cifras quedan cortas para representar una tragedia con consecuencias profundas imposibles de cuantificar. Los cuerpos abandonados por un perpetrador que decide negar a los deudos la posibilidad de llorar y recordar a sus muertos, y la indiferencia general frente al dolor de los que sufren la violencia, son el verdadero drama que vive actualmente México: el espacio vacío que deja el silencio de una muerte no reconocida, el olvido de los cuerpos lanzados a la tierra sin sepultura, sin un duelo público y sin justicia, la pérdida de la memoria.

En este escenario de drama nacional, en que los marcos de reconocimiento de las vidas perdidas están siendo disputados, la memoria se erige como uno de los principales campos de resistencia y dominación por parte de los actores involucrados. Teniendo esto presente, se propone una reflexión en torno al recientemente inaugurado Memorial a las Víctimas de la Violencia, una iniciativa del gobierno federal para responder a las demandas de la sociedad civil, cuya presencia en el terreno de lo público ha significado una crisis esencial en el proyecto político de seguridad nacional.

En el primer apartado se presenta el contexto de la violencia y los rasgos de la política federal enmarcada en la llamada guerra contra las drogas, destacando la posición que los colectivos de víctimas ocupan desde hace por lo menos tres años en la imputación de sus consecuencias humanas.

En el segundo apartado se desarrolla el sustento teórico para entender la memoria como recurso político y desde allí reflexionar sobre los usos institucionales que de ella se hacen para legitimar el proyecto de nación dominante. Para entender que el Memorial de las Víctimas no es un caso aislado, se presentan algunos ejemplos que ayudan a comprender cómo la memoria ha sido un bien estratégico del cual los gobiernos han echado mano según sus intereses y las presiones externas a las que se ven sometidos. Entre los elementos que promueven la toma de decisiones del gobierno mexicano para incluir en su agenda el tema de la memoria se destacan la transición democrática, la relación con los Estados Unidos, las obligaciones que imponen los tratados internacionales de derechos humanos y, por último, pero no menos importante, la emergencia de una sociedad civil que reclama reconocimiento, justicia y verdad.

Teniendo estos antecedentes como marco de comprensión, se presentan los detalles de la controversia del Memorial de las Víctimas y los puntos que han desatado inconformidad por parte de los ciudadanos. Así mismo se mencionan algunas iniciativas ciudadanas de memoria, con lo que se demuestra que esta no es una entidad total sin fisuras, sino que por el contrario ostenta un carácter contingente y combatido.

La guerra y sus víctimas
La palabra guerra empezó a ocupar la vida de los mexicanos desde el año 2007, después de que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) decidiera declarar una ofensiva militar a la llamada “delincuencia organizada”, cuyos sinónimos más comunes han sido “el narcotráfico” o “las drogas”, sin que entre ellos se hayan definido contornos nítidos.2 Desde que asumió su cargo en 2006, el proyecto de seguridad nacional fue el centro del discurso y de la práctica política del Presidente Calderón, y uno de los temas de mayor trascendencia entre la opinión pública. El objetivo de dicho plan era, en palabras del Presidente, “reposicionar la autoridad y la potestad del Estado mediante la movilización de la fuerza pública y el ejército para recuperar zonas del territorio nacional utilizadas por los cárteles en sus actividades de cultivo, producción y tráfico de drogas.” (Rodríguez 2010 44)

Aunque en los últimos años el discurso político matizó la palabra guerra con conceptos análogos como batalla o enfrentamiento, la política militar había configurado ya una experiencia de conflicto con efectos directos sobre la vida de miles de mexicanos. Cifras oficiales indican que los homicidios aumentaron un 47.90% a nivel nacional entre 2006 y 2013 (Instituto Nacional de Estadística e Información Geográfica), mientras que el aumento en los secuestros fue de un 59.75% en el mismo periodo (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). La contabilidad de las desapariciones resulta mucho más compleja. Organismos internacionales hablan de alrededor de 26,000 víctimas de desaparición entre 2006 y 2012 mientras que los colectivos de víctimas y organismos internacionales han llegado a hablar de 30,000 casos (Amnistía Internacional 2013).

Si bien al inicio del sexenio los principales focos rojos ubicados en la frontera norte de México habían acaparado la atención del gobierno y la prensa, rápidamente el impacto de los hechos delictivos se diversificó territorialmente. Ciudades y estados que hasta el momento se consideraban pacíficos empezaron a engrosar las listas de muertes, secuestros y desapariciones (Guerrero 2011; Escalante 2011). Con esta nueva geografía del terror, los movimientos de familiares de víctimas empezaron a ocupar el espacio público y los medios de comunicación, en una respuesta espontánea al drama sufrido en carne propia por las acciones violentas de diferentes actores armados. Por su parte, las acciones del gobierno federal fueron acompañadas de un discurso en defensa del “nosotros”, construido en oposición a las amenazas que pudiesen desestabilizar el aparente orden social. Así se expresaba Felipe Calderón el 20 de diciembre de 2007:

Al iniciar esta guerra frontal contra la delincuencia señalé que esta sería una lucha de largo aliento, que no sería fácil ganarla, que costaría tiempo, recursos económicos e incluso vidas humanas. Lo sabemos porque así son, precisamente, las guerras, pero la clave está, precisamente, en los bienes y valores que se defienden: la vida, la seguridad, la prosperidad y la paz de los mexicanos. (Calderón 2007)

La política que respaldó este discurso estuvo monopolizada por las corporaciones militares e hizo visibles problemas profundos en los sistemas de impartición de justicia y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Moloeznik (2013) indica que la impunidad y la corrupción han sido rasgos distintivos de las acciones del gobierno tanto a nivel estatal como federal en respuesta a la violencia que experimenta el país. El funcionamiento del sistema de justicia mexicano no ofrece muchas esperanzas a las víctimas, por lo que muchas de ellas (el 85%) no acuden a denunciar los delitos. Las razones van desde el trato vejatorio que estas reciben de los funcionarios públicos hasta la realidad del propio sistema: el 99% de
los delincuentes no terminan condenados; 92% de las audiencias en los procesos penales se desarrollan sin la presencia del juez; 60% de las órdenes de
aprehensión no se cumplen; y el 40% de los presos no han recibido una sentencia condenatoria (Carbonell y Ochoa 2008).

Esta situación, aunada al dolor por la ausencia de un ser cercano, ha sido la fuente de inconformidad de los familiares de víctimas, quienes han demandado de parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales transformaciones sustanciales para atender el tema de la violencia. Su aparición en el terreno de lo público ha construido paulatinamente un marco de aceptación de las consecuencias humanas del conflicto, abriendo espacios para que desaparecidos y muertos empezaran a reclamar una identidad más allá de su existencia estadística.

Podría decirse que el reclamo de esta identidad ha sido legitimado en un proceso lento a partir de inicios del año 2011, gracias a varios eventos desencadenantes de una disputa nacional por el reconocimiento de las víctimas. Al menos tres hechos ocurridos durante ese año marcaron el cambio. El primero de ellos, la muerte de Juan Francisco Sicilia, ocurrida el 28 de marzo en Cuernavaca, Morelos; el segundo, el descubrimiento de una fosa común con 150 cuerpos en san Fernando, Tamaulipas, el 6 de abril; y el tercero, el incendio provocado por los Zetas3 en el Casino Royale en Monterrey, Nuevo León, el 26 de agosto, en el que murieron 52 personas. Antes de estos acontecimientos, las imágenes sobre homicidios y actos de violencia en el marco de la guerra contra el narcotráfico eran seleccionadas y puestas en el espacio público para alimentar un discurso de terror, que simplificaba la realidad. La mayor parte de ellas estaba atomizada en pequeños fragmentos de dolor que aparecían de manera marginal llamando la atención de los espectadores, sin demasiado impacto.

En especial, la muerte del hijo del reconocido escritor Javier Sicilia logró reorientar la atención de la opinión pública, los medios de comunicación y el gobierno federal hacia las víctimas. El asesinato del joven de 24 años de edad, perpetrado por comandos armados, sirvió para desafiar el silencio que hasta entonces mantenía excluida la voz de los afectados. La reputación social del escritor en el espacio público fue transferida a su hijo asesinado, en un acto de legitimación de la víctima. Esto sirvió para construir la imagen de una víctima distanciada de los estereotipos que se construían alrededor del estigma y la sospecha. Nadie, en ningún momento, al menos públicamente, se atrevió a dudar de la inocencia del joven ni vaciló en asociarlo a algún tipo de actividad delictiva, lo que generó una fisura en los discursos sostenidos hasta el momento.

La muerte del joven Sicilia permitió corroborar la direccionalidad obtusa de la guerra e hizo posible que el Movimiento Nacional por la Paz, fundado por el poeta, evocara la calidad “inocente” de las víctimas sin importar de quién se tratara. A través de la indignación y la puesta en escena del dolor en el espacio público, fue posible empezar a considerar las vidas perdidas como un sacrificio de toda la sociedad y no sólo de unas cuantas familias (Butler 2006; 2010).

Este evento tuvo asimismo efectos inmediatos en el discurso oficial. Hizo que en el evento del Casino Royale, sucedido meses después de la muerte del joven Sicilia, el gobierno dedicara especial interés al duelo como parte de una reparación simbólica a las víctimas, decretando por primera y única vez tres días de duelo por la muerte de quienes se encontraban en el Casino Royale al momento del incendio. Sin embargo el cambio no se presentó de manera homogénea y las formas de discriminación y estigmatización se sostuvieron –y se siguen sosteniendo— en la mayoría de los espacios donde se disputa el reconocimiento de las víctimas. Así, por ejemplo, cuando en septiembre de 2011 35 cuerpos fueron arrojados a una de las avenidas principales de Veracruz ante los ojos de transeúntes y medios de comunicación. Los cuerpos estaban acompañados de un “narcomensaje” firmado por los “Matazetas”. La versión oficial del Presidente Municipal de Veracruz, Javier Duarte, trasmitida a través de su cuenta de Twiter y reproducida en los medios de comunicación, señalaba: “Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más q esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar. (Animal Político, 2011). Estos cuerpos anónimos cuya única identificación consistió en sus antecedentes penales irrevocablemente condenatorios, fueron excluidos de la posibilidad de un duelo público y destruidos como sujetos para ser objetivados por una interpretación deliberada acerca de su identidad.

Eventos de este tipo siguen presentándose diariamente en un terreno de contradicciones que aún no ofrece posibilidades dignas de reconocimiento a las víctimas. En los ámbitos locales las formas de negación y silenciamiento del duelo se sostienen a pesar de las transformaciones en el discurso oficial del gobierno federal y de la batalla constante de los colectivos de víctimas, dejando en claro que se trata de un proceso en ciernes.

Entre las disputas centrales de este proceso se encuentra la construcción de la memoria colectiva, campo de disputa política activo en el que se juega el reconocimiento de las víctimas, pero también las responsabilidades de quienes han cometido los crímenes. Aunque la escalada de la violencia en México es reciente, en un caso sui generis la sociedad ha empezado ya a disputar la memoria de la violencia constituyéndola en un elemento central del debate público reciente.

El uso político de la memoria
Mientras la historia representa una imagen única y total de lo que somos, la memoria se caracteriza por su diversidad y amplitud en la conciencia de los hombres; pero sobre todo, debemos agregar, por la disputa política que engendra, en tanto elemento constitutivo del reconocimiento de los sujetos (Blair 2002). En este aspecto la memoria carga con una responsabilidad ineludible en contextos de violencia, que es la de construirse en virtud de las víctimas y en respuesta a la amenaza que impone el olvido como una “fuerza activa y positiva (…) capaz de silenciar los reclamos del pasado” (De Zan 2008).

Aunque la memoria es una afrenta contra el olvido, también lo contiene de manera natural, dado que se trata de una memoria siempre selectiva. Muchos de los vacíos con que cuenta la memoria están definidos por la imposibilidad de expresar los recuerdos, como en el caso de algunos sobrevivientes de los campos de concentración que al regresar a sus ciudades y pueblos al fin de la Segunda Guerra Mundial, callaron para lograr convivir con quienes colaboraron o fueron testigos pasivos de su deportación.

Pero este tipo de omisiones, resultado de decisiones deliberadas o de la decantación del tiempo, no es lo mismo que el olvido alentado y producido desde las instituciones. Este cancela el derecho a saber y a interpretar la realidad con la voluntad que se quiera, sea para evitarla o sea para reproducirla (Martinelli y Ovalle 2012). Es el caso de los crímenes estalinistas, que fueron excluidos de la historia de la Unión Soviética hasta su re-interpretación después de que Nikita Kruschev denunciara por primera vez las atrocidades cometidas durante el estalinismo (Pollak 2006).

Esta selección de lo que se recuerda tiene una significación especial en términos de los dilemas de la pertenencia a la comunidad política. Las exclusiones, los silencios y las inclusiones afectan la re-construcción de comunidades que fueron fracturadas en episodios de represión o violencia. Y dado que la memoria (como la identidad) construye un “yo” y un “otro/a”, a la vez que un “nosotros/as” y un “ellos/as”, tiene un papel altamente significativo como mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia, especialmente cuando se trata de grupos oprimidos, silenciados y discriminados (Jelin 2005).

Pollak (2006), quien orientó sus estudio de la memoria en el contexto del Holocausto, explica que los individuos que pasan por procesos de violencia desarrollan la necesidad especial de compartir sus recuerdos: “Es como si ese sufrimiento extremo exigiera un anclaje en una memoria muy general, la de la humanidad” (Pollak 2006 31). La experiencia directa del trauma se nutre con experiencias indirectas de otros que comparten el mismo dolor; y el sufrimiento individual empieza a ser integrado a una narrativa común.

En este mismo sentido, la postura defendida por Judith Butler (2006; 2010) en su obra sobre el duelo nos señala que la capacidad que tiene una sociedad para integrar las vidas perdidas al duelo público tiene que ver con una práctica de reconocimiento esencialmente político. Aprehender y hacer inteligible al otro en el terreno de lo social conlleva necesariamente una acción que dignifica las vidas vulneradas, al regresarles el derecho que todos merecemos a ser llorados: “sin capacidad de suscitar condolencia, no existe vida alguna, o, mejor dicho, hay algo que está vivo pero que es distinto a la vida” (Butler 2010 32). Para regresarles su estatus humano a los ausentes, estos deben ser llorados como una pérdida de todos, e incorporados a la memoria colectiva como un acto de restitución de su lugar en el mundo.

En el caso de acontecimientos violentos, la memoria emerge de manera especial para elaborar y procesar el duelo social. Dado que la guerra está “enmarcada/manipulada para controlar y potenciar el afecto con relación a la capacidad diferencial que tiene una vida para ser llorada” (Butler 2010 67), la memoria es un camino que pone el dolor en la escena pública y permite generar espacios de reconciliación a nivel social y de sanación a nivel individual (Blair 2002).

En tiempos de guerra ha sido tradicional que la memoria esté sitiada por la política cultural de las élites dominantes, que para lograr estados de pacificación y estabilidad social configuran deliberadamente el olvido. Se trata de una “política de universalización, o de imposición de la memoria de los vencedores, de la borradura de sus propios crímenes, del olvido del sufrimiento de los vencidos, y de la violencia de toda esta historia” (De Zan 2008). Con este propósito, indica De Zan (2008), la educación institucionalizada y la práctica militar son aliados estratégicos como soportes del proyecto.

Si bien el gobierno mexicano exhibe los rasgos de esta tradición “pacificadora”, al mismo tiempo ha venido adoptando nuevas actitudes en torno a la memoria, relacionadas con la política del recuerdo que se posicionó desde mediados del siglo XX en todo el mundo. Esta práctica política responde, por una parte, a la presión ejercida por los movimientos de derechos humanos y, por otra, al propósito de capitalizar el recuerdo (Da Silva 2010), generando una carrera compartida por celebrar “memorias monumentales”, que según Da Silva (2010), expresan una clara ambición fundacional por parte de los estados.

Este uso político de la memoria no debe ser tomado a la ligera, dado que impone marcos precisos para la disputa en torno al reconocimiento de las víctimas. La incorporación a los tratados internacionales en defensa de los derechos humanos, así como las relaciones comerciales con otros países, constituyen hoy en día elementos políticos de gran peso en términos de la construcción de la memoria.

Los marcos de la disputa en México
La disputa por los márgenes de la legitimidad para reclamar el derecho a ser considerado víctima de la violencia es constante en los discursos de familiares, políticos, funcionarios y activistas que participan del debate público hoy en México. Javier Sicilia, líder del Movimiento Nacional por la Paz, insistió, desde sus primeras apariciones en público, en configurar un marco incluyente respecto a la victimización:

Hay inocentes. A las familias habrá que restituirles su dignidad e indemnizarlas. Los delincuentes también son víctimas, hay que ver de dónde son, de dónde provienen, qué sucedió en el tejido social y qué está sucediendo, por qué estos niños que no eran delincuentes se volvieron así. Tenemos que ver qué hacen la sociedad y el Estado que no da oportunidades para la formación de hombres dignos. (Sicilia 2011)

Hasta entonces el Presidente Calderón había sostenido un discurso deslegitimador de las víctimas, construyendo un marco de sospecha sobre los motivos de su muerte o desaparición:

De ese universo, más del 90 por ciento de las muertes son personas vinculadas a uno o a otro grupo criminal en esta disputa. Más o menos un 6 por ciento son autoridades que caen a consecuencia del ataque de los criminales. Y el grupo que más duele, independientemente de que sea el menor, aproximadamente el 1 por ciento, el que más duele a la sociedad, son las víctimas inocentes. (Calderón 2010)

Como si la condición de víctima no fuera ya una declaratoria de vulnerabilidad, el Presidente le suma la cualidad de inocencia para ratificar que no todas merecen ser contadas en un mismo grupo, arrojando a algunas a una condición de sospecha que las hace nuevamente vulnerables. La violencia de este discurso tiene que ver con la desrealización de los sujetos y sus historias. Sin contar con un sustento real (en investigación pericial por ejemplo) que permita identificar las formas en que una persona muere o desaparece, de entrada se le culpa, y con esto se legitima el hecho violento y, por lo tanto, la acción armada para devolver el orden.

La respuesta del gobierno en atención a las víctimas, puesta en marcha después del Primer Diálogo por la Paz, llevado a cabo en el Castillo de Chapultepec en Ciudad de México el 26 de junio de 2011, convocado por el Gobierno federal y con la asistencia de los representantes del Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, debe leerse con cuidado. Al mismo tiempo que legitima una demanda, está reafirmando una política de acción: la intervención militar. Según Moloeznik la política del Gobierno federal ha estado centrada en lo militar y sólo “busca tardíamente (a prácticamente 4 años de iniciada) el consenso, o lo que es lo mismo, el requisito de voluntad y unidad nacional a través de las denominadas mesas de diálogo” (Moloeznik 2013 23). Reconocer a las víctimas no significa necesariamente un repliegue del proyecto de seguridad que domina la política actual. Reconocer que la violencia tiene consecuencias humanas incluso puede ser una forma de justificar la continuidad de la práctica militar en defensa de un nosotros que ahora incluye a los afectados.

Pero el discurso oficial no es impenetrable. Una vez han quedado abiertas las fisuras de lo que parecía inmóvil, las víctimas han ganado un terreno en el espacio público ofreciendo nuevos marcos para construir la memoria de lo que ha pasado. Nombrarse víctima ha generado una distinción identitaria desde la que es posible dignificarse, y lograr resultados al menos en dos aspectos centrales del duelo: en lo individual, la posibilidad de ofrecer un sentido a la pérdida del ser amado; y en lo social, la oportunidad de generar una fisura en el discurso dominante y la posibilidad de fortalecer comunidades de duelo con un alto potencial político.

Pero la definición de víctima también tiene consecuencias inesperadas. Así como puede movilizar la emergencia de sujetos políticos activos, puede también promover la pasividad, cosificando el sufrimiento y haciendo de las víctimas sujetos estáticos de la historia nacional. Ese sería para el caso de México el mayor peligro de la victimización, si reconocemos que existe una larga tradición de imponer identidades construidas desde el poder para narrar la historia colectiva, por encima de las diferencias y los conflictos sociales (Valenzuela 2000). En el marco del proyecto político que descontextualiza la realidad, podría suceder que las víctimas terminen siendo parte de un todo legitimador. Las intenciones del gobierno federal por burocratizar el fenómeno de la victimización a través de la creación de la Procuraduría General de Víctimas4 y su interés por constituir un marco de memoria oficial con la edificación de un Memorial, son procesos que desde ya nos hablan de los efectos no esperados de la victimización. Pero esta tendencia no es unívoca y los proyectos de resistencia no están condenados a vivir en la letra muerta del pasado.

Estrategia y memoria
Dado que la memoria está enmarcada en una temporalidad social específica, es importante entender qué factores son decisivos en México hoy en día para promover los marcos de reconocimiento que la sostienen. En primer lugar debemos señalar que la permanencia de un gobierno autoritario, debido a la hegemonía de un solo partido en el poder durante más de 70 años, ha tenido efectos directos sobre las políticas de la memoria y las formas concretas de hacer memoria, particularmente respecto a los acontecimientos nacionales.

Para Martinelli y Ovalle (2012), la derrota del partido Revolucionario Institucional en el año 2000 y el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en 1994, son eventos fundamentales para comprender el proceso paulatino de incorporación de la memoria en la práctica y el discurso del Gobierno Mexicano, sobre todo en lo que se refiere a la represión ejercida en los años setenta y ochenta, periodo conocido como la “Guerra Sucia”. Los autores indican que a pesar de que se han ampliado los espacios para el diálogo con el pasado y se han puesto en evidencia procesos de represión, los gobiernos de la llamada transición democrática no han logrado generar procesos reales de materialización de la memoria, de modo de superar la impunidad y restituir la demanda de justicia de los colectivos de víctimas que aún hoy, después de más de 40 años continúan esperando una respuesta (Martinelli y Ovalle 2012).5

 A pesar de ello, la producción de la memoria sobre los acontecimientos de la llamada Guerra Sucia no se detiene y continúa disputándose en dos procesos simultáneos: por un lado, el ejercicio del poder que “utiliza la memoria para aparentar un cambio y garantizar la impunidad y la continuidad de muchas de las políticas anteriores” (Martinelli y Ovalle 2012 64) y, por el otro, la memoria “que surge desde la sociedad misma, que implica a los sobrevivientes y sus familiares y que ha generado un proceso de recuperación lento, diverso, heterogéneo pero constante” (Martinelli y Ovalle 2012 64).

De parte de las iniciativas de memoria adoptadas por el gobierno es necesario entender que están impulsadas por una compleja red de relaciones e intereses. Así como hace veinte años la relación comercial con Estados Unidos, fortalecida entonces con la firma del Tratado de Libre Comercio, marcaba una línea de actuación respecto al levantamiento zapatista y la atención a los casos de la represión política,6 hoy en día, en el marco de la llamada guerra contra las drogas, el gobierno mexicano se ve cercado por una serie de exigencias a las que debe responder a fin de sostener su posición estratégica.

El caso de la Iniciativa Mérida, tratado internacional de seguridad establecido por los Estados Unidos en acuerdo con México y los países centroamericanos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, es bastante claro en este sentido. La mayor parte del dinero otorgado por los Estados Unidos ha sido destinado a equipamiento y entrenamiento para las fuerzas armadas, pero entre los requisitos que impone el país vecino para la transferencia de recursos en la lucha contra las drogas, se encuentra el resguardo de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas (Rodríguez, 2010: 63). Esto implica necesariamente que en el marco de la acción militar que se sostiene con el apoyo del país norteamericano, el gobierno mexicano se vea obligado a considerar el aspecto de las víctimas y de los derechos humanos tanto en el discurso como en la práctica.7

Así, la respuesta institucional en la gestión de la memoria, y el reconocimiento parcial y distributivo de las vidas perdidas, responde no sólo al reclamo de la sociedad civil, sino también a la presión estratégica de intereses económicos y políticos relacionados con el proyecto nacional que se busca imponer. En este contexto, la memoria es un activo político en el que se juega la legitimidad del gobierno, de las víctimas y del proyecto mismo de nación. Y esto explica, en buena medida, la urgencia del gobierno de Felipe Calderón por construir un memorial para las víctimas de la violencia antes de dejar su cargo en 2012, así como la consecuente disputa por su legitimidad.

El Memorial y sus detractores
Isabel Miranda de Wallace,8 madre de un joven secuestrado y fundadora de la Asociación “Alto al Secuestro”, fue la primera en solicitar al Presidente Felipe Calderón un monumento para recordar a las víctimas cuando recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en diciembre de 2010 (Reforma 2012). Esta solicitud, que no alcanzó a ser tomada en cuenta por el gobierno federal, volvió a plantearse el 23 de junio de 2011, en el primer Diálogo por la Paz, donde Julián LeBaron y Javier Sicilia, líderes del Movimiento Nacional por la Paz hicieron la petición al Ejecutivo Federal.

El Presidente se comprometió a adjudicar recursos provenientes de bienes confiscados a narcotraficantes para cumplir con este propósito. En marzo de 2012, Javier Sicilia puso sobre la mesa una propuesta de memorial que planteaba llevar a cabo una amplia convocatoria con diálogos y encuentros públicos en el que participaran víctimas y familiares. Pero el Gobierno de Calderón tenía prisa por avanzar, y la propuesta del Movimiento por la Paz fue reemplazada por un proyecto en el que se eliminaba la consulta abierta con las víctimas (Reforma 2012). El proyecto, abanderado por la recién creada Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, contó con la participación de las organizaciones Alto al Secuestro, México SOS y Camino a Casa y con el rechazo de las demás organizaciones de víctimas, incluyendo el Movimiento Nacional por la Paz.9

Con seis meses como meta para la construcción del Memorial, las organizaciones participantes firmaron un convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México para realizar un concurso del que saldrían ganadores los arquitectos Ricardo López Martín, Julio Gaeta y Luby Springall. El fallo del jurado señaló que la obra fue elegida por "el acertado planteamiento de una secuencia de muros simbólicos con el que se obtiene con claridad el sentido de remembranza y renovación emocional, solicitados como temas sustantivos del concurso" (PROVICTIMA 2012).10

El Memorial, construido con manos de soldados del ejército mexicano, se erigió finalmente como una serie de placas de acero entre los árboles, evocando a través de estos elementos la vida y la destrucción. Según los arquitectos, los árboles y la gente conforman la unidad de los seres vivos, y los muros materializan la memoria, la no presencia (Springall 2013). La oxidación del acero da cuenta de las cicatrices y las marcas del pasado, y cada placa contiene extractos de poemas y frases de escritores consagrados en torno al tema de la paz, la violencia, la reconciliación y la justicia. El Memorial alude a la violencia como un “tema gigante y abierto en el tiempo”, sin periodos ni historias específicas y se piensa como un espacio accesible “a la apropiación de los ciudadanos”, quienes pueden pintar en los muros lo que deseen (Gaeta-Springall 2012).11

Figura 1. Placas de acero y pilas de agua del Memorial a las Víctimas de la Violencia ubicado en la Avenida Reforma, Ciudad de México. Foto: Kenny Viese.

El rechazo de este proyecto por parte del Movimiento Nacional por la Paz12 y de otras organizaciones de víctimas tenía dos puntos principales de controversia. El primero de ellos era la ausencia de los nombres de las víctimas. Para el poeta Javier Sicilia, se trataba de una obligación del estado dar nombre a las víctimas como un principio de recuperación de su dignidad. El segundo punto fue su ubicación. La Presidencia de la República propuso un terreno adyacente al Campo Marte, un sitio emblemático para las Fuerzas Armadas, ubicado sobre la Avenida Reforma en Ciudad de México. Para Silvano Cantú, integrante del Movimiento por la Paz, la elección del lugar constituyó una provocación:

Calderón levanta un memorial amorfo, sin dedicatoria, sin respeto por la memoria de aquellas personas que han sucumbido a la violencia, y además lo hace en el terreno de los principales víctimarios, hay que recordar que durante este sexenio la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) se convirtió en la dependencia de gobierno número uno en recibir quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con un incremento de más de mil por ciento. (Reforma 2012 3)

Estos puntos de controversia han sido fundamentales dentro de las disputas por la identidad no sólo en México. Dado que la memoria no sólo se nutre del lenguaje (Jelin 2002), sino que también es un compendio de marcas en el espacio y en el tiempo, su materialidad constituye uno de sus ejes centrales (Da Silva 2010). Al igual que la dimensión simbólica y funcional, la dimensión material de la memoria (Ricoeur 2004) debería servir para aclarar las zonas grises de la violencia, nombrando a los sujetos y trayendo al presente los episodios que se desean resignificar con claridad. El arquitecto Arturo Ortiz señala que no es posible separar la forma del símbolo y que el espacio elegido para el Memorial en México representa la reproducción de la impunidad: “al igual que la bella tumba de un desaparecido, el arquitectónicamente correcto memorial instaura el terror” (Ortiz 2013 35).

Pero el Memorial construido por Calderón y finalmente inaugurado por su sucesor, Enrique Peña Nieto, al inicio de su mandato, no es el único caso en que las víctimas expresan su inconformidad. En noviembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado mexicano por su actuación en los feminicidios sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares (CIDH 2009). En su sentencia la CIDH fijó el plazo de un año para que se construyera un memorial para las víctimas y el gobierno ofreciera disculpas públicas a sus familias por su responsabilidad. Los nombres de las mujeres asesinadas no fueron incluidos en el monumento y el Gobierno no respetó los plazos de entrega.

El caso de Rosendo Radilla, líder social de Guerrero desaparecido en un retén militar en 1974, sufrió una suerte similar. En su sentencia del 23 de noviembre de 2009, la CIDH ordenó al estado mexicano realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos y en desagravio a la memoria del líder social, y colocar en la ciudad de Atoyac de Álvarez, Guerrero, una placa conmemorativa de su desaparición forzada (CIDH 2009). La ceremonia se realizó el 16 de noviembre de 2011 sin la presencia de la familia, por haber sido notificada apenas un día antes (Reforma 2012). La hija del desaparecido, Tita Radilla, reprochó que no se dio cumplimiento a la parte central de la resolución que se refería a continuar con la búsqueda de su padre. Estos actos de memoria responden a urgencias administrativas más que a esfuerzos reales por ampliar los marcos de reconocimiento del valor de las vidas perdidas. El agravio que producen se suma a las formas de represión e impunidad que presionaron la acción del gobierno por parte de la sociedad civil.

Las otras memorias: el recuerdo como un espacio abierto
Mientras los gobiernos continúan ofreciendo grandes monumentos o pequeños paliativos para cumplir con el deber de la memoria, “las sociedades están inventando nuevos símbolos, y un tipo distinto de evocaciones recordatorias” (De Zan 2008). Ejemplo de ello son las iniciativas ciudadanas que en los últimos tres años han configurado sus propios espacios de memoria, en respuesta a una necesidad compartida de nombrar a los ausentes y otorgarles un lugar en el mundo. La siguiente tabla nos permite echar un vistazo a tres de las iniciativas de la sociedad civil en el campo de la memoria, y reconocer las respuestas a los planteamientos que Ricoeur (2004) considera fundamental plantearnos: ¿de qué hay recuerdo? y ¿de quién es la memoria?


Sin profundizar demasiado en los rasgos de cada alternativa de memoria, dado que no es el objetivo de este documento, es necesario mencionar que se trata de un espectro heterogéneo de propuestas que demuestra la posibilidad creadora de las comunidades para hacer frente al drama de la violencia. Respecto al Memorial del gobierno, los memoriales alternativos proponen cambios sobre todo en cinco aspectos: los marcos de reconocimiento de las víctimas, las características del espacio, la temporalidad del recuerdo, el uso político de la memoria y las prácticas que se asocian a la acción de recordar.

Figura 2. Bordamos por la Paz es una iniciativa ciudadana para recuperar la memoria de los desaparecidos y asesinados en los últimos años, que ha dado la vuelta al mundo con la participación de cientos de bordadores sumados a la causa. Foto: Colectivo Bordamos por la Paz.

Los marcos de reconocimiento de las víctimas han sido ampliados por los memoriales alternativos de la sociedad civil en un ejercicio de resistencia a la invisibilización y objetivación de las biografías. En este sentido, Bordamos por la Paz y Campo de Ruinas han sido mucho más intensivos en la tarea de hacer públicos los nombres y las historias de desaparecidos y muertos, humanizándolos en un acto de dignificación. En el caso de la Gallera los marcos de reconocimiento son mucho más complejos debido a la aniquilación física del cuerpo ocurrida en el lugar en donde se sitúa el proyecto. Asumir este destino para los desaparecidos resulta un reto emocional para sus familiares, de allí que más que hacer énfasis en nombres y biografías, el memorial convoca a la acción resignificadora del espacio con la comunidad vecina a participar de un proceso aprendizaje de no violencia, promoviendo la transformación de las marcas de terror impresas en el espacio. En este caso el marco de reconocimiento de las víctimas se amplía hacia aquellas comunidades afectadas por la acción de los grupos armados sin que necesariamente hayan sido víctimas directas de algún evento de pérdidas humanas.

 


Figura 3. Campo de ruinas es una propuesta de jóvenes de la Universidad Autónoma de México, en la que se propone hacer públicos los nombres y las biografías de jóvenes estudiantes desaparecidos en años recientes en México. Foto: Colectivo Campo de Ruinas

La falta de nombres en el Memorial de la Avenida Reforma se justificó en la medida en que los organizadores consideraban innecesario restringir el marco de reconocimiento a un número preciso de casos. Esta ausencia fue sustituida por la posibilidad de marcar las placas con tiza: "Es importante que la gente que quiera poner el nombre de su familiar desaparecido, de su familiar caído en la violencia, pueda ir y lo pueda poner, o sea no queremos tener algo estereotipado, va a ser de mucha libre reflexión, y para nosotros es lo importante, que no les cuadremos a nadie qué debe de hacer y cómo debe de manifestarse" (Reforma 2012 4), explicó Isabel Miranda de Wallace al respecto. Este rasgo de apertura hace del Memorial un receptáculo vacío con una posición ambivalente que no satisface a las víctimas, en tanto no corresponde a la necesidad de verdad exigida por ellas.

En términos del espacio, dado que se trata de uno de los elementos de mayor controversia, es importante mencionar que los memoriales alternativos proponen una diversidad territorial bastante heterogénea y dinámica. Mientras el Memorial se emplaza en el centro de un circuito monumental que representa la historia oficial del proyecto de nación,13 las iniciativas alternativas son itinerantes en el caso de Bordamos por la Paz y Campo de Ruinas, promoviendo el uso del espacio público como medio de visibilización de la protesta. En el caso de la Gallera, el espacio responde más al prototipo de los Centros de Detención y Tortura (CDT) chilenos, que presentan una relación directa con las marcas de violencia ancladas en el territorio (López 2012). Lo interesante de esta propuesta es que amplía el impacto de la toma del espacio a su espectro territorial más cercano, incluyendo a una comunidad marginal y estigmatizada (los vecinos del predio) en la recuperación de la memoria y la honra.14 En este sentido el espacio es el centro del proyecto de memoria y no exclusivamente las biografías de las víctimas, aunque allí se vean representadas.

Figura 4. La Gallera, un reciente espacio de memoria ubicado en los predios, donde los carteles de la ciudad de Tijuana deshacían cuerpos para desaparecerlos usando la técnica de la desintegración en sosa caustica. Foto: Luis Miguel Villa.

La temporalidad es en todos los casos conflictiva, dado que la violencia actual en México no posee bordes definidos, en tanto continúa vigente y sus antecedentes están anclados en procesos de largo alcance. Sin embargo, para los memoriales alternativos, la temporalidad está relacionada con el periodo definido como la política de guerra contra las drogas y las historias incluidas pertenecen al periodo iniciado con el gobierno de Felipe Calderón. El Memorial de Reforma, por su parte, se erigió con el propósito de no restringir la violencia al sexenio del presidente panista, bajo la premisa de que la violencia “es una actividad per se del ciudadano que no tiene por qué ser restringida a algún tiempo, en este caso la visión del enfoque social se abrió y se contextualizó en un proyecto de más amplia cobertura" (Reforma 2012 4). Estos silencios institucionales son restituidos por los memoriales alternativos en la necesidad de construir marcos claros del pasado y del presente para emplazar la memoria.

Como indica Elizabeth Jelin (2002), la construcción de la memoria debería responder más a un horizonte futuro y no solo a la reiteración del pasado. En este aspecto, la acción pedagógica de los memoriales alternativos reivindica la puesta en marcha de un proyecto a futuro, en tanto expresa una conciencia sobre los eventos que no deberían volver a repetirse y permite generar un reconocimiento del dolor como motor transformador del statu quo.

Es justamente esta potencia política del dolor ubicado en la esfera de lo público la que genera una crisis en los marcos oficiales establecidos para interpretar la violencia, y amplía los márgenes de reconocimiento de las vidas que merecen ser lloradas. La capacidad de denuncia y difusión de estos memoriales condensa el proyecto de construcción de la memoria como forma de resistencia, sobre todo en cuanto espacio pedagógico en el que la sociedad se reconoce y se proyecta.

Este uso político de la memoria está asociado necesariamente a las prácticas que se generan alrededor de los memoriales, dado que son ellas las que dan vida a la experiencia de recordar. Mientras el Memorial de la Avenida Reforma continúa siendo un espacio poco visitado y en el cual solo se han desarrollado actividades protocolarias convocadas por el Gobierno, los memoriales alternativos presentan un campo heterogéneo de prácticas colectivas de tipo ritual y político que refuerzan su propósito y actualizan su fuerza en una constante movilización de actores, discursos y motivos.

Reflexiones finales
Como se ha sostenido en este artículo, la disputa por la memoria de los hechos violentos está enmarcada en un contexto específico en el que los actores involucrados responden desde sus posiciones estratégicas. La llamada guerra contra las drogas, la legitimación del proyecto nacional y el discurso del cambio promovido por la transición democrática, son elementos esenciales para entender los procesos de construcción de memoria en el México actual. Al mismo tiempo, la emergencia de nuevos actores promueve crisis en los marcos de reconocimiento de las víctimas y formas alternativas de producir el recuerdo.

El proceso de disputa por la memoria en México es reciente y temprano; y ha sido impulsado tanto por el acto de puesta en escena del dolor por parte de las víctimas, así como por las urgencias del Gobierno en su consecución de intereses políticos y económicos. Hasta el momento la lucha ha sido sobre todo en términos de recuperar la honra de los afectados por los hechos violentos, en respuesta a una primera acción deslegitimadora de sus biografías. Sin embargo, el reto más complejo para el objetivo de justicia y verdad, propósitos irrenunciables de un proyecto de memoria dignificante, será empezar a nombrar a los responsables y definir formas de inclusión de los perpetradores, reconociéndolos también como consecuencias humanas de un sistema perverso de violencia estructural.

La duda que siembran los escuadrones de la muerte, los levantones de comandos armados, la colusión de las corporaciones con el crimen organizado y la práctica militar en defensa del “nosotros”, hacen borrosos los contornos de los perpetradores de los hechos violentos y dificulta los caminos para la memoria. Por supuesto, a esta duda se suma la incapacidad del estado para atender la investigación de cada caso y el retardo del sistema judicial para superar los grados de impunidad que prevalecen.

Otro de los retos que enfrentan los actores involucrados en la producción de la memoria son las consecuencias que puede arrojar la participación del gobierno en las iniciativas. La experiencia de Chile en los Centros de Detención y Tortura (CDT), ha demostrado que los espacios de memoria pueden convertirse en espacios de legitimación del poder, en tanto hacen parte del discurso y la práctica fundacional del proyecto de nación, configurando formas de exclusión y parálisis de la memoria. La actitud que debe exigirse a los funcionarios que hablan y actúan desde el Estado en nombre de la memoria es el arrepentimiento, el pedido del perdón y la reparación mediante la justicia, más que la respuesta paliativa que se externa en monumentos y actos protocolarios.

En este sentido, la lucha debe ser, en primer lugar, por lograr el esclarecimiento de las responsabilidades, así como por impulsar la búsqueda de los ausentes (para el caso de los desaparecidos). En segundo lugar, los esfuerzos deben encaminarse a la acción pedagógica que involucre a la sociedad en su conjunto en el proyecto de saber qué nos ha pasado y como somos corresponsables de ello.

Mientras el Memorial del Paseo Reforma se congela por la ausencia de la acción colectiva que le imprima la experiencia del recuerdo, las víctimas tienen el reto de seguir construyendo espacios para la memoria, teniendo en cuenta el contexto político al que se enfrentan. En este sentido, es importante señalar que dada la fuerza ejercida por los organismos internacionales en el nuevo contexto global, los proyectos de memoria deben estar anclados tanto en los espacios locales como en la interacción y las redes, en el propósito de fortalecer la resistencia y ejercer presión por diversos medios.

La memoria es un espacio de disputa necesario y urgente. Debe otorgarnos la posibilidad de potencializar la acción política que implica el dolor, para empezar a llorar las vidas perdidas en un acto compartido de conciencia sobre lo que somos y lo que llegaremos a ser. Sólo así será posible hablar de reconciliación y de justicia y, sólo así, las víctimas escaparán al riesgo de congelarse en la pasividad de una identidad paralizante.

Obras citadas
Alberto, Eliseo. La vida alcanza. México: Cal y Arena, 2010. Impreso.

Amnistía Internacional . Informe 2013: Las autoridades mexicanas tienen que demostrar su voluntad para garantizar los derechos humanos. México, DF, 2013. Web. 4 ago. 2015. http://amnistia.org.mx/nuevo/page/10/

Animal Político, “Muertos en Veracruz: El crimen paga mal, dice Duarte”. 22 sep. 2011. http://www.animalpolitico.com/2011/09/dejan-20-cadaveres-en-avenida-de-boca-del-rio-veracruz/

Blair Trujillo, Elsa María. “Memoria y Narrativa: la puesta del dolor en la escena pública.” Estudios Políticos (Medellín). 21 (2002): 9-28. Impreso.

Butler, Judith. Vida precaria: el poder del duelo y la violencia. Buenos Aires: Paidós, 2006. Impreso.

Butler, Judith. Marcos de guerra. Las vidas lloradas. México: Paidós, 2010.

Calderón, Felipe. “Diálogos por la Paz.” Castillo de Chapultepec, México DF, Presidencia de la República Mexicana. 2011.

---. “Discurso. Desayuno con motivo de fin de año en convivencia del Mando Supremo con personal naval.” 20 dic. 2007. Web. 4 ago. 2015. http://calderon.presidencia.gob.mx/2007/12/el-presidente-calderon-en-el-desayuno-con-motivo-de-fin-de-ano-en-convivencia-del-mando-supremo-con-personal-naval/

---. “Segunda intervención del presidente en diálogo por la seguridad con representantes de asociaciones religiosas.” 4 ago. 2010. Web. http://www.presidencia.gob.mx/2010/08/segunda-intervencion-del-presidente-en-dialogo-por-la-seguridad-con-representantes-de-asociaciones-religiosas/

Carbonell, M. y Ochoa, E. “El abismo del sistema penal.” Nexos 366 (2008): 51-56. Impreso.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Sentencia caso Campo algodonero vs. México.” Costa Rica. 16 nov. 2009. Web. 4 ago. 2015. http://www.campoalgodonero.org.mx/sites/default/files/descargables-estatico/Sentencia_Campo_Algodonero.pdf

---. “Sentencia caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos.” Costa Rica. 23 de nov. 2009. Web. http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_209_esp.pdf

Da Silva, L. “Exponer lo invisible. Una etnografía sobre la transformación de Centros Clandestinos de Detención en Sitios de Memoria en Córdoba-Argentina.” En Fundación Heinrich Böll Cono Sur. Recordar para pensar. Memoria para la democracia. La elaboración del pasado reciente en el Cono Sur de América Latina. Chile: Ediciones Böll Cono Sur, 2010. 44-56. Impreso.

De Zan, Julio. “Memoria e identidad.” Tópicos 16 (2008). Web. 4 ago. 2015.  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28815531003

Gaeta-Springall. “Proyecto Memorial a las Víctimas de la Violencia en México.” 2012. Web. http://gaeta-springall.com/obra/memorial-a-las-victimas-de-la-violencia-en-mexico.html

Instituto Nacional de Estadística e Información Geográfica: Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD). Web. http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/

Jelin, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI, 2002. Impreso.

Castillo García, Gustavo. “En ocho años se han localizado 400 fosas clandestinas con más de 4 mil víctimas.” La Jornada, DEMOS Desarrollo de medios, S.A., 14 feb. 2014. Web. 4 ago. 2015. http://www.jornada.unam.mx/2014/02/14/politica/005n1pol

López, L. “Lugares de memoria de las violaciones a los derechos humanos: más allá de sus límites.” Recordar para pensar. Memoria para la democracia. La elaboración del pasado reciente en el Cono Sur de América Latina. Chile: Ediciones Böll Cono Sur, 2010. 57-65. Impreso.

Martinelli, J.M. y Ovalle, E. “Exclusión y memoria: la revolución latinoamericana: los casos de Argentina y México.” Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 33-72. México D.F., 2012. 19-49. Impreso.

Moloeznik, Marcos Pablo. “Reflexiones sobre la seguridad nacional, proceso de militarización de la seguridad pública y propuesta de “modelo” de mando policial único en México.” Violencia e inseguridad en los estados fronterizos del norte de México en la primera década del siglo XXI. Vicente Sánchez Munguía, coord. México: Editorial de la Red Nacional de Investigación Urbana, 2013. 11-34. Impreso.

Organización de las Naciones Unidas (ONU) “Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, México.” 2011. Web. <http://www2.ohchr.org/spanish/issues/disappear/index.htm>.

Ortiz, A. “Un memorial ajeno a las víctimas.” Nexos 431 (2013): 34-35. Impreso.

Payán, T. “La violencia y la inseguridad pública: ¿y la sociedad civil? El caso de Ciudad Juárez.” Violencia e inseguridad en los estados fronterizos del norte de México en la primera década del siglo XXI. Vicente Sánchez Munguía, coord. México: Editorial de la Red Nacional de Investigación Urbana, 2013. 73-98. Impreso.

Pollak, Michael. Memoria, olvido y silencio. La producción social de las identidades frente a situaciones límite. La Plata: Al Margen Editora, 2006. Impreso.

PROVICTIMA. Página Oficial de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito. 2012. Web. http://www.provIctima.gob.mx/memorial/index.php?p=porquesurge

Reco. Página oficial de Facebook. 2014. Web. https://www.facebook.com/Recordar.Reconstruir.Reconciliar?fref=ts

Reforma. “Memorial sin víctimas.” 30 sep. 2012. Sección enfoque. Impreso.

Ricoeur, P. La memoria, la historia, el olvido. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004. Impreso.

Rodríguez, A. “La iniciativa Mérida y la guerra contra las drogas. Pasado y presente.” Crimen organizado e Iniciativa Mérida en las relaciones México-Estados Unidos. Raúl Benítez Manaut, ed. México D.F.: Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, 2010. 31-68. Impreso.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica. “Cifras de Incidencia Delictiva.” Web. www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx 

Sicilia, J. “Diálogos por la Paz.” Castillo de Chapultepec, México DF, Presidencia de la República Mexicana, 2011. Impreso.

Springall, Luby. Entrevista personal. México DF: 14 nov. 2013.

Valenzuela, J.M. “Identidades culturales: comunidades imaginarias y contingentes.” Decadencia y Auge de las Identidades. Valenzuela, J.M., comp. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte, Plaza y Valdés, 2000. 97-120. Impreso.

Notas
* Una versión de este artículo fue publicada en academia.edu bajo el título de “El oprobioso recuerdo de las víctimas de la violencia en México: un memorial sin memoria”. https://www.academia.edu/7757989/El_oprobioso_recuerdo_de_las_v%C3%ADctimas_de_la_violencia_en_M%C3%A9xico_un_Memorial_sin_memoria

1 La imputación de estos hechos al crimen organizado es una cuestión compleja de resolver, dado que no se cuenta con datos empíricos que permitan comprobar qué porcentaje de asesinatos, desapariciones y secuestros corresponden a esta modalidad de violencia. Las cifras son uno de los grandes problemas con que cuenta hoy México para empezar a construir un proceso de memoria.

2 La cooperación de México con EEUU con el propósito de combatir el narcotráfico se inaugura con la firma del Convenio para la Cooperación en la Lucha contra el Narcotráfico, en 1989. Desde entonces México incorporó el combate a las drogas en su agenda de seguridad nacional y de política exterior.

3 El origen de Los Zetas data de 1999, cuando comandos de las fuerzas de élite del Ejército Nacional Mexicano desertaron y decidieron trabajar con el cartel del golfo como su brazo armado. En febrero de 2010 Los Zetas rompieron su relación con el cartel y formaron su propia organización criminal.

4 En octubre de 2011 el Gobierno del Presidente Felipe Calderón creó la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (PROVICTIMA). Esta institución fue derogada por el Presidente Enrique Peña Nieto en 2013, y remplazada en 2014 por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Estos cambios institucionales no han permitido generar un impacto real de la política de atención a víctimas.

5 Entre los casos más recientes de represión en contra de líderes sociales, Payán (2013) menciona a Susana Chávez, poeta y activista por los derechos humanos asesinada en Ciudad Juárez en 2011. Su acción en el espacio público consistió en denunciar la impunidad en torno a los feminicidios ocurridos en esta ciudad de la frontera con Estados Unidos bajo el lema “ni una más”. Josefina Reyes, asesinada en la misma ciudad en el año 2010, después de una larga carrera de activismo en la que denunció el abuso de la fuerza por parte de los cuerpos militares. Marisela Escobedo, asesinada en el mismo año también en Ciudad Juárez, hacía presencia en el espacio público desde el 2008, después de que su hija de 16 años fuera asesinada sin que sus responsables fueran castigados. Benjamín LeBaron, quien murió a los 32 años de edad en la ciudad de Chihuahua a manos de un comando armado del cartel que dominaba la plaza. Desde hace algunos años hacía presencia en el espacio público manifestándose en contra de las acciones criminales de los grupos armados que ejercían el poder en las colonias de esta ciudad.

6 La decisión del Gobierno de negociar en el caso del levantamiento zapatista en 1994, respondió explícitamente a los intereses económicos del momento que tenían que ver con la reciente firma del Tratado de Libre Comercio con EEUU y la presión ejercida por el mismo país de proteger los derechos humanos.

7 La visita del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas Involuntarias en marzo de 2011, en respuesta a una invitación del Gobierno federal Mexicano, sentó las bases para evaluar el estado del fenómeno en el país. El Grupo de Trabajo formuló una serie de recomendaciones que abarcan desde la prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas, hasta la protección de grupos en situación de especial vulnerabilidad (ONU, 2011).

8 Isabel Miranda de Wallace ha tenido una presencia pública marcada por su adhesión al partido del poder. El 15 de diciembre de 2010 ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos y el 11 de enero de 2012 fue presentada como la candidata ciudadana del PAN a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal para el periodo 2012-2018.

9 Las víctimas de la violencia se han organizado en casi todo el territorio mexicano en torno a la demanda de justicia. Especialmente en Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Chihuahua y Baja California, los colectivos de familiares de desaparecidos han sostenido una lucha constante en el espacio público, empujando reformas a las leyes y presionando a los gobiernos locales para que se investiguen los casos.

10 Además de arquitectos e ingenieros, participaron del jurado Fernando Ocegueda, representante de la organización "Unidos por los Desaparecidos de Baja California" con sede en Tijuana, y Jesús Ríos Flores, activista de la organización "Promoción de Paz" de Monterrey.

11 Los policías encargados de la seguridad del lugar proporcionan a los visitantes tizas para que marquen los muros. En entrevista con la arquitecta Springall (2013), quedó clara la intención de los creadores del memorial para convertir este espacio en un lugar pedagógico. Según la arquitecta, se requiere de actividades y espacios contiguos para completar la experiencia del monumental con la participación de los ciudadanos. Sin embargo, hasta el momento no se han convocado eventos de este tipo.

12 En respuesta al memorial de la Avenida Reforma, el Movimiento Nacional por la Paz propuso resignificar la Estela de Luz, ubicada en el mismo paseo, como un espacio de memoria. Este monumento, construido con recursos públicos para celebrar el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución en 2010, se convirtió en un símbolo de la corrupción debido a los malos manejos del dinero invertido y el incumplimiento en los tiempos de entrega. El colectivo presentó al Gobierno una iniciativa firmada por miles de ciudadanos pidiendo entregar el monumento a las víctimas y hacer de él un espacio de memoria. Para más detalles consultar: http://movimientoporlapaz.mx/es/campana-por-la-memoria-y-la-paz-memorial-de-las-víctimas-de-la-violencia-en-mexico-y-estela-de-paz/

13 El Paseo de la Reforma es una de las avenidas más importantes y emblemáticas del Distrito Federal de México con poco más de 14.7 km de largo. En sus glorietas y costados se encuentran ubicados más de 33 monumentos de personajes y próceres de la historia nacional, que han venido sumándose año tras año gracias a la donación de obras o la producción por parte de los gobiernos federales, desde finales del siglo XIX.

14 Para Butler (2010) es necesario no sólo hacer visibles a las víctimas que ya han caído, sino a todas aquellas que se encuentran en estado de vulnerabilidad y poseen el riesgo de convertirse en consecuencias fatales. Hacerlo implica ampliar los márgenes de reconocimiento de la vulnerabilidad social y devolverles el estatus de sujetos.